Por: Redacción
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dio curso a la acción por conflicto de poderes impulsada por el suspendido intendente de Allen, Marcelo Román, contra la ordenanza que dispuso su apartamiento preventivo del cargo mientras avanza la investigación penal en su contra por presunto peculado y administración fraudulenta.
En la resolución, el máximo tribunal provincial ordenó al Concejo Deliberante remitir en un plazo de cinco días toda la documentación vinculada con la ordenanza cuestionada, además de las actuaciones y antecedentes relacionados con los hechos ocurridos con posterioridad a su sanción.
En su resolución, el STJ entendió que la presentación realizada por Román encuadra en un conflicto de poderes, al sostener que existe una presunta invasión de atribuciones propias del Poder Ejecutivo Municipal por parte de otro poder del Estado. En ese sentido, remarcó que se trata de una causa de "competencia originaria y exclusiva" del Superior Tribunal de Justicia.
Como parte del trámite, los jueces intimaron al Concejo Deliberante a remitir los antecedentes que dieron origen al conflicto denunciado dentro del plazo fijado. Además, advirtieron que, en caso de incumplimiento, resolverán la causa con la documentación aportada por la parte demandante.
La resolución del STJ se apoyó, en gran medida, en el dictamen emitido días atrás por el procurador general Jorge Crespo, quien había considerado procedente la acción por conflicto de poderes.
No obstante, el procurador aclaró que la admisión de esa vía no impide que el tribunal analice la constitucionalidad de las normas cuestionadas. "Nuestro sistema de control de constitucionalidad es mixto (concentrado y difuso) y, por imperio del artículo 196 de la Constitución Provincial, todo juez que en el caso advierta una grave colisión de la norma analizada con la Constitución no solo puede, sino que debe ingresar en el tema y resolver su ajuste a la Carta Fundamental", sostuvo en su dictamen.
La semana pasada, el STJ había rechazado la medida cautelar solicitada por Román para suspender los efectos de la ordenanza, al considerar que acceder al planteo implicaría anticipar una decisión sobre el fondo del conflicto. Sin embargo, el tribunal habilitó la feria judicial para continuar con la tramitación de la causa.
Luego de conocerse la nueva resolución, el intendente suspendido, que dejó el cargo el viernes pasado tras la entrada en vigencia de la ordenanza, celebró la decisión a través de sus redes sociales. "A nuestro Allen: el STJ declaró admisible la acción y pide al Concejo Deliberante los antecedentes. Una vez que el Concejo los remita, resolverá", expresó. En publicaciones anteriores, además, había calificado su suspensión como un "golpe de Estado municipal".