Por: Redacción
La situación de la Ruta Nacional 151 volvió a escalar en la agenda política luego de que los intendentes de Catriel, Daniela Salzotto, y de 25 de Mayo, Leonardo Monsalve, encabezaran un nuevo reclamo conjunto para exigir una intervención urgente sobre una de las principales vías de conexión entre Río Negro, La Pampa y Neuquén. La ruta, considerada clave para el desarrollo de Vaca Muerta y el transporte de la producción hidrocarburífera, presenta un deterioro que desde hace años es denunciado por vecinos, transportistas y autoridades locales.
El reclamo adquiere una fuerte carga política porque coincide con la continuidad del cobro del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), tributo que históricamente tuvo como uno de sus destinos el financiamiento de obras de infraestructura vial. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene una política de paralización de la obra pública nacional bajo el argumento del equilibrio fiscal, las rutas nacionales muestran un creciente deterioro y los municipios aseguran que la falta de mantenimiento ya compromete la seguridad vial y el desarrollo económico de la región.
La Ruta Nacional 151 constituye uno de los principales corredores que vinculan el Alto Valle con el norte de la Patagonia y el corazón de Vaca Muerta. Cada día es transitada por miles de vehículos particulares, camiones, ambulancias, transporte escolar y unidades vinculadas a la actividad petrolera. Sin embargo, amplios sectores del trazado presentan deformaciones, baches de gran tamaño, banquinas deterioradas y señalización insuficiente.

Frente a ese escenario, los intendentes de Catriel y 25 de Mayo decidieron profundizar un reclamo conjunto que ya lleva varios meses. Ambos municipios vienen realizando intervenciones públicas sobre la propia ruta para visibilizar el estado del corredor, con jornadas de concientización, reducción preventiva de velocidad y entrega de folletería a los automovilistas que circulan por el lugar.
La preocupación también alcanza al sector productivo. Empresarios vinculados a la actividad hidrocarburífera sostienen que el deterioro de la 151 incrementa los costos logísticos, genera demoras y eleva significativamente el riesgo de accidentes en uno de los accesos fundamentales a los yacimientos no convencionales más importantes del país.
La intendenta Daniela Salzotto y el jefe comunal pampeano Leonardo Monsalve impulsaron además un foro regional junto a municipios de Río Negro, La Pampa y Neuquén con el objetivo de construir una posición común frente al Gobierno nacional. La iniciativa busca instalar el reclamo como una política regional y no únicamente como un problema local.

En paralelo, ambos mandatarios mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales para solicitar que la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 151 sea incorporada dentro de las prioridades de inversión del Estado. Hasta el momento, sin embargo, las gestiones no se tradujeron en anuncios concretos ni en el inicio de obras.
El reclamo incluso derivó en acciones judiciales. El Gobierno de Río Negro promovió un amparo contra el Estado nacional para exigir que Vialidad Nacional cumpla con las tareas de mantenimiento y reconstrucción del corredor, al considerar que se agotaron todas las instancias administrativas sin obtener respuestas.
La controversia también reabre el debate sobre el destino de los recursos que recauda la Nación a través del impuesto aplicado sobre los combustibles. Aunque los automovilistas continúan abonándolo en cada carga de nafta y gasoil, los gobiernos provinciales y municipales cuestionan que esos fondos no se reflejen en mejoras concretas sobre las rutas nacionales.
La situación resulta especialmente sensible en una región que aporta buena parte del crecimiento energético argentino. Mientras el Gobierno nacional celebra los récords de producción de Vaca Muerta y proyecta millonarias exportaciones de petróleo y gas, las localidades atravesadas por la Ruta 151 advierten que la infraestructura vial quedó rezagada frente al crecimiento de la actividad.
El contraste alimenta las críticas de los intendentes patagónicos, que sostienen que no puede consolidarse un modelo exportador basado en la energía mientras los principales corredores nacionales permanecen deteriorados y sin inversiones. Con cada nuevo accidente y con el paso diario de miles de vehículos pesados, el reclamo deja de ser exclusivamente vial para convertirse en un cuestionamiento político a la decisión del Gobierno de Javier Milei de sostener la recaudación sobre los combustibles mientras posterga la recuperación de una de las rutas más importantes para el desarrollo de la Patagonia.