Por: Por redacción
El viaje del presidente Javier Milei a Brasil sumó un nuevo frente judicial. Dos abogados presentaron una denuncia penal en la que acusan al mandatario de presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que utilizó recursos del Estado para participar de una actividad de carácter partidario durante su visita al vecino país.
La presentación fue realizada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes sostienen que el Presidente viajó en el avión oficial junto a una comitiva financiada con fondos públicos para asistir a un acto político en respaldo de Flávio Bolsonaro. Según los denunciantes, ese desplazamiento excedió las funciones institucionales propias de un jefe de Estado y tuvo un objetivo estrictamente partidario.
El escrito presentado ante la Justicia sostiene que Javier Milei utilizó "el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público" para asistir a un acto opositor en Brasil, desviando recursos estatales de la finalidad para la que fueron asignados por el Presupuesto Nacional.

Los denunciantes también pusieron el foco en las declaraciones realizadas por el mandatario durante el acto celebrado en San Pablo. Allí, Milei calificó al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como "presidiario" y al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes como "basura calva", expresiones que, según la presentación, implicaron una injerencia en asuntos internos del país vecino.
Para los abogados, "los recursos del Estado fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales", por lo que consideran que corresponde investigar la utilización de fondos públicos durante la visita oficial.
La denuncia invoca el artículo 260 del Código Penal, que sanciona la malversación de caudales públicos cuando bienes o recursos estatales son destinados a fines distintos de aquellos previstos por la ley. Además, plantea la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, contemplado en el artículo 248.
Como parte de sus fundamentos, los denunciantes también citan el principio de no injerencia previsto en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU, al considerar que las manifestaciones del Presidente constituyeron una intervención en la política interna brasileña.
Entre las medidas de prueba solicitadas, la denuncia requiere que la Jefatura de Gabinete y la Casa Militar remitan toda la documentación vinculada al viaje presidencial, incluyendo el detalle de los gastos, viáticos, la nómina completa de integrantes de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión oficial.
Finalmente, los abogados solicitaron que, una vez reunida la prueba documental, Javier Milei sea convocado a prestar declaración indagatoria para determinar si existió un uso irregular de recursos públicos durante la gira realizada en Brasil, una visita que además generó tensión diplomática con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por las declaraciones formuladas por el mandatario argentino.