Manzano avanza con cinco áreas para explorar uranio

El empresario José Luis Manzano dio un nuevo paso en el negocio de los minerales críticos en Río Negro. A través de Integra Tierras Raras S.A., firma vinculada a su holding Integra Capital, presentó cinco solicitudes de cateo para explorar áreas con potencial de uranio en los distritos mineros de Valcheta y Los Menucos.

Los pedidos fueron publicados en el Boletín Oficial de Río Negro y abarcan cerca de 50.000 hectáreas. Se trata de los proyectos Bagual 2, Bagual 16, Bagual 17, Bagual 18 y Bagual 19, ubicados en sectores de Valcheta, Los Menucos, Avellaneda y El Cuy.
 

Un primer paso administrativo
 

La publicación no implica todavía una explotación minera, sino el inicio formal del trámite de exploración. La empresa deberá acreditar la publicación de edictos y luego se notificará a los propietarios de los campos incluidos en los polígonos antes de cualquier eventual trabajo en terreno.

La zona ya cuenta con antecedentes de anomalías radiométricas y es considerada de interés por su potencial uranífero, en un contexto internacional donde el uranio volvió a ganar relevancia por el renovado impulso de la energía nuclear.
 

Manzano, energía y minerales críticos
 

Manzano es uno de los empresarios argentinos con mayor presencia en energía, minería, infraestructura y medios. Fue diputado nacional y ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem, y luego consolidó su perfil empresarial desde Integra Capital.

Su grupo tiene inversiones en hidrocarburos, distribución de gas, minería y medios de comunicación. También aparece vinculado a Phoenix Global Resources, una petrolera con actividad en Vaca Muerta, y a Minera Aguilar, dedicada a zinc, plomo y plata en Jujuy.

El avance sobre áreas con potencial de uranio reabre una discusión sensible para Río Negro: cómo atraer inversiones en minerales estratégicos sin resignar controles ambientales, transparencia administrativa y licencia social. En una provincia que busca ampliar su matriz energética y minera, el desafío será que la promesa de desarrollo no avance más rápido que la fiscalización pública.