Vidal abre mesas con municipios por aportes previsionales

El Gobierno de Santa Cruz iniciará una ronda de reuniones con municipios y comisiones de fomento para revisar sus cuentas y negociar mecanismos de cumplimiento de los aportes previsionales.

La decisión llega después del fallo del Tribunal Superior de Justicia, que restableció la vigencia del artículo 22 de la Ley 1.782 y habilitó el mecanismo provincial para garantizar el pago de obligaciones con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales.
 

Provincia busca ordenar la discusión
 

Las reuniones serán coordinadas por el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y alcanzarán a los quince municipios y las cinco comisiones de fomento.

En cada caso se analizarán ingresos, gastos, masa salarial, planta de personal, ejecución presupuestaria y estructura administrativa. El objetivo oficial es construir acuerdos según la situación real de cada localidad, antes de avanzar con medidas más duras.
 

Grasso redobla la resistencia
 

El principal foco de conflicto está en Río Gallegos. El intendente Pablo Grasso ratificó su rechazo a una eventual retención de coparticipación y advirtió que una quita adicional podría afectar el pago de salarios municipales.

El jefe comunal también anticipó una nueva presentación judicial y reuniones con trabajadores para explicar el impacto que tendría una reducción de fondos en la capital santacruceña.

La estrategia de Claudio Vidal busca llevar la discusión al terreno técnico y ordenar una deuda que presiona sobre el sistema previsional. Pero la respuesta de Grasso muestra que el conflicto ya no es sólo contable: también es político. En el fondo, se discute quién paga el costo de sostener la caja provincial y hasta dónde puede avanzar la Provincia sobre los recursos municipales.