Cruces por el plan para vender carne de jabalí y guanaco

El proyecto del Gobierno de Río Negro para habilitar la comercialización de carne de jabalí y guanaco empezó a generar cuestionamientos antes de llegar al debate legislativo.

La iniciativa, impulsada por la gestión de Alberto Weretilneck, busca crear un marco regulado para una práctica que, según el Ejecutivo, ya existe por fuera de los circuitos formales. El objetivo oficial es incorporar controles sanitarios, trazabilidad y condiciones de habilitación para establecimientos y productores.
 

El Gobierno defiende la regulación
 

El ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, sostuvo que la medida apunta a ordenar una actividad que hoy se realiza de manera informal en distintas zonas de la provincia.

Desde esa mirada, formalizar la comercialización permitiría mejorar la seguridad alimentaria, controlar el origen de la carne y abrir una oportunidad económica para productores y emprendimientos habilitados.
 

La oposición advierte un retroceso ambiental
 

La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, rechazó la propuesta y la calificó como un “grave retroceso” en materia de protección ambiental y conservación de fauna silvestre.

La dirigente vinculó el proyecto con la reciente modificación de la Ley Provincial de Fauna y advirtió que el Gobierno estaría desplazando el enfoque de preservación hacia una lógica de aprovechamiento económico de especies silvestres.

También recordó denuncias por presunta venta ilegal de carne de guanaco en comercios de San Antonio Oeste y Las Grutas, cuestionó la falta de controles sobre cotos de caza y mencionó antecedentes de caza furtiva en la Meseta de Somuncurá.

El debate deja planteada una tensión de fondo: regular una práctica existente puede mejorar controles, pero también puede abrir la puerta a una explotación más amplia de fauna silvestre si no existen fiscalización, criterios ambientales y trazabilidad real. En una provincia con ecosistemas frágiles, la discusión no debería reducirse a una oportunidad comercial: también exige definir qué modelo de conservación quiere sostener Río Negro.