Milei quiere un “shutdown” para limitar el gasto estatal

El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno avanza con un proyecto de ley para incorporar en Argentina un mecanismo de “shutdown” estatal, inspirado parcialmente en el modelo de Estados Unidos.

La idea central es simple, pero de fuerte impacto político: cuando se agoten las partidas presupuestarias aprobadas, el Estado no podría seguir gastando y deberían suspenderse actividades consideradas no esenciales hasta que el Congreso autorice nuevos fondos.

Un freno automático al gasto
 

El mecanismo no existe hoy en la legislación argentina. Actualmente, si no hay un nuevo presupuesto aprobado, se prorroga el del año anterior y el Ejecutivo puede hacer adecuaciones mediante decretos.

La propuesta de Milei busca cambiar esa lógica. El Gobierno pretende que el agotamiento de una partida funcione como un límite efectivo al gasto, sin posibilidad de seguir financiando programas mediante ampliaciones discrecionales.

A diferencia del modelo estadounidense, el esquema argentino no se activaría por la falta de aprobación inicial del presupuesto, sino por el uso completo de fondos ya autorizados. Tampoco alcanzaría pagos obligatorios por ley, como las jubilaciones.
 

Disciplina fiscal y Banco Central
 

El “shutdown” formaría parte de un paquete más amplio de reformas económicas. En paralelo, el Gobierno también trabaja en una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para restringir el financiamiento del Tesoro con emisión monetaria.

La reforma apuntaría a limitar los adelantos transitorios y a establecer sanciones para los funcionarios que incumplan la independencia del organismo.

El objetivo oficial es imponer una regla fiscal más dura y reducir el margen de maniobra del Estado para gastar por encima de lo aprobado. Pero la discusión será sensible: un mecanismo de este tipo puede ordenar las cuentas públicas, aunque también podría paralizar áreas estatales si el presupuesto queda mal diseñado, subejecutado o atravesado por disputas políticas.

En el fondo, el debate no será sólo técnico. El proyecto obligará al Congreso a discutir hasta dónde puede llegar el ajuste automático y qué áreas del Estado deben considerarse esenciales para no quedar atrapadas en un apagón financiero.