Sobisch reabre la pregunta política por la estafa de planes

El exgobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, volvió a intervenir en la causa por la estafa con planes sociales y puso el foco en el punto más incómodo del fallo: si parte del dinero desviado terminó financiando campañas del Movimiento Popular Neuquino, la Justicia debería avanzar sobre los responsables políticos y no quedarse sólo con quienes ejecutaron la maniobra.

La causa investigó el desvío de fondos destinados al subsidio por desocupación laboral entre septiembre de 2020 y julio de 2022. La sentencia condenó a 12 personas por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado, aunque descartó la figura de asociación ilícita.
 

La pregunta que incomoda al MPN
 

El planteo de Sobisch no aporta un dato judicial nuevo, pero sí expone una contradicción política del fallo. La sentencia dio por probada una maniobra millonaria y mencionó que parte de los fondos habría alimentado una caja vinculada a campañas del MPN. Sin embargo, no terminó de identificar quiénes fueron los beneficiarios finales ni quiénes dieron las órdenes.

Ahí aparece el centro de su crítica: si el dinero desviado sirvió para financiar poder político, la investigación no puede agotarse en funcionarios intermedios, operadores o ejecutores administrativos.

Entre los condenados aparecen el exministro de Desarrollo Social Orlando Abel Di Luca, Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler, Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Luis Gallo, Julieta Oviedo, Alfredo Cury, Laura Reznik, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emanuel Victoria Contreras. Las penas fueron desde condenas condicionales hasta prisión efectiva, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
 

Una causa que todavía no cerró
 

La discusión sigue abierta en la etapa de impugnación. La Fiscalía y la Fiscalía de Estado pidieron que se revise la absolución por asociación ilícita y que los imputados también sean declarados culpables por ese delito, lo que podría modificar el alcance penal del caso.

La intervención de Sobisch busca separar al MPN como institución de las personas que pudieron haber utilizado su estructura o sus campañas como destino del dinero. Pero, al mismo tiempo, vuelve a poner al partido ante una pregunta difícil: si hubo financiamiento político ilegal, ¿quién lo organizó y quién se benefició?

Esa es la zona más sensible del expediente. La Justicia condenó a quienes participaron de la maniobra administrativa, pero dejó flotando el capítulo político. Y mientras esa pregunta no tenga respuesta, el caso seguirá siendo más que una estafa al Estado: será también una herida abierta sobre el modo en que se financió el poder en Neuquén.