El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su estrategia de desprendimiento de activos del Estado al habilitar la futura venta de un terreno perteneciente a la Armada Argentina en la ciudad de Ushuaia. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 101/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que declaró innecesario un predio de 2.939,35 metros cuadrados ubicado en un sector estratégico de la capital fueguina.
La medida se sustenta en un procedimiento administrativo iniciado tras un informe del Ministerio de Defensa, que determinó que el inmueble ya no cumplía ninguna función operativa para la fuerza naval. A partir de esa evaluación, el terreno fue desafectado de la órbita militar e incorporado al listado de bienes susceptibles de ser enajenados, en línea con el plan del Gobierno para reducir el patrimonio inmobiliario estatal y obtener recursos mediante su comercialización.
El inmueble está ubicado entre las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en las inmediaciones de la planta Orión, una de las zonas urbanas de mayor desarrollo de Ushuaia. Si bien forma parte de un predio de mayor extensión perteneciente a la Base Naval, los estudios técnicos concluyeron que ese sector específico no registra actividad militar ni existe planificación futura para su utilización.
La resolución de la AABE se apoya en informes de ocupación y uso que determinaron que el terreno permanece sin destino funcional. El único uso detectado corresponde a una ocupación transitoria de Camuzzi Gas del Sur, que emplea el espacio para el acopio de caños, una situación que, según el expediente, no modifica la condición jurídica del inmueble ni impide su incorporación al proceso de venta.
Mientras no se concrete la transferencia definitiva o la Agencia determine un nuevo destino, la Armada Argentina continuará ejerciendo la custodia del predio. La fuerza deberá garantizar su conservación, evitar ocupaciones permanentes y mantener el terreno en condiciones hasta que se formalice su disposición.
La desafectación del terreno fueguino se enmarca en una política más amplia impulsada por la administración de Javier Milei, orientada a identificar inmuebles considerados ociosos para avanzar con su venta o reasignación. El objetivo oficial consiste en racionalizar el patrimonio del Estado, reducir los costos de mantenimiento y generar ingresos extraordinarios mediante la comercialización de esos activos.
Desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, encabezada por Tania Yedro, se lleva adelante la revisión del inventario de inmuebles nacionales para determinar cuáles continúan siendo estratégicos para la administración pública y cuáles pueden ser incorporados al mercado inmobiliario.
La estrategia también tiene un fuerte componente político. Cada resolución de desafectación busca reforzar el mensaje del Gobierno sobre la reducción del tamaño del Estado y el cumplimiento de uno de los principales ejes de gestión. En ese sentido, la administración libertaria sostiene que desprenderse de inmuebles sin uso constituye una herramienta para mejorar la eficiencia del sector público.
La decisión vuelve a instalar la discusión sobre el destino de los bienes públicos. Mientras el oficialismo sostiene que mantener inmuebles sin utilización implica un gasto innecesario para el Estado, distintos sectores consideran que esos activos podrían destinarse en el futuro a proyectos públicos, desarrollos urbanos o necesidades estratégicas antes que ser vendidos.
En este caso, el antecedente administrativo resultó determinante. El Ministerio de Defensa había informado en agosto de 2025 que el terreno era prescindible para la Armada Argentina y que no existía planificación que justificara su permanencia dentro de la estructura militar. Esa definición terminó allanando el camino para que la AABE avanzara con la desafectación.
Con la resolución ya publicada, el expediente ingresa ahora en la etapa previa a la enajenación. Una vez cumplidos los procedimientos administrativos correspondientes, el terreno podrá incorporarse formalmente al esquema de ventas impulsado por la Casa Rosada, profundizando una política que busca transformar el patrimonio inmobiliario estatal en una fuente de financiamiento para el Gobierno nacional.