Berros cruzó a Weretilneck por el reparto del canon hidroeléctrico

La disputa por el canon del agua que utilizan las represas hidroeléctricas del Comahue sumó un nuevo capítulo político en Río Negro. El legislador José Luis Berros volvió a cuestionar al gobierno de Alberto Weretilneck y reclamó que los fondos que ingresen por el uso del recurso hídrico tengan un destino más claro, automático y territorial.

El planteo aparece después de que Nación avanzara con las nuevas concesiones de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, centrales clave para la generación eléctrica del país. En ese marco, Río Negro y Neuquén lograron incorporar un canon para que las concesionarias paguen por usar agua provincial en la producción de energía.
 

El punto sensible: quién administra la plata
 

El Gobierno rionegrino presentó el cobro como un reconocimiento histórico. La provincia percibirá el equivalente al 1% de la energía comercializada, dentro de un esquema total del 2% compartido en partes iguales con Neuquén.

Pero la discusión que plantea Berros no es si corresponde cobrar. Ese punto tiene amplio consenso. La pregunta es qué pasa después: cuánto llega a los municipios, a los consorcios de riego, a las pequeñas empresas y a las familias que viven en los territorios atravesados por las represas.

Ahí es donde el legislador busca marcar la diferencia con Neuquén. La ley neuquina establece un fondo con distribución explícita: 70% para proyectos energéticos y renovables, 22% para obras de infraestructura básica en municipios incluidos en la coparticipación y 8% para municipios no incluidos. Es decir, deja escrito un 30% con destino municipal y territorial.
 

Río Negro tiene reparto, pero falta blindaje
 

No es exacto afirmar que Río Negro no prevé ninguna distribución. La Ley 5707 ya establece que el 20% de la retribución por uso especial de aguas públicas con fines hidroeléctricos debe destinarse a municipios y comisiones de fomento para obras de saneamiento y agua.

Sin embargo, el cuestionamiento de Berros apunta a otra cosa: que ese reparto no alcanza y que el nuevo flujo de fondos debería quedar mucho más blindado para evitar discrecionalidad provincial. Su propuesta incorpora una distribución más amplia: 20% para municipios y comisiones de fomento, 10% para consorcios de riego, 10% para MiPyMEs mediante subsidios eléctricos y 5% para familias de bajos ingresos.

El reclamo tiene un punto fuerte. Si Río Negro defiende ante Nación el federalismo sobre sus recursos naturales, también debería aplicar esa misma lógica hacia adentro de la provincia. No alcanza con que el dinero ingrese a la caja provincial: debe quedar claro cómo vuelve a los territorios que sostienen el sistema hidroeléctrico.

La posición de Weretilneck tiene respaldo institucional y se apoya en una conquista concreta: por primera vez la provincia cobrará por el uso de sus aguas en las represas del Comahue. Pero el planteo de Berros expone el flanco más débil del oficialismo: convertir un reconocimiento histórico en una caja administrada desde arriba sería una oportunidad perdida.

El debate, entonces, no es sólo técnico ni financiero. Es político. Río Negro puede celebrar que logró cobrar por un recurso propio, pero todavía debe responder una pregunta clave: si el agua es de la provincia, ¿los beneficios también van a llegar de manera justa a sus comunidades?