El gobernador Claudio Vidal firmó el decreto que formaliza la restitución de Eduardo Emilio Sosa como procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, luego de una disputa judicial e institucional que se extendió durante más de tres décadas.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 0644, fechado el 26 de junio de 2026, y completa el último paso administrativo después del aval otorgado por la Cámara de Diputados provincial.
El conflicto comenzó en 1995, cuando una ley provincial eliminó el cargo de procurador general. Esa decisión implicó, en los hechos, el apartamiento de Sosa, quien desde entonces reclamó su restitución.
Años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el Estado santacruceño debía devolverlo al cargo, al considerar que la supresión de la función no podía utilizarse como mecanismo para desplazar a un funcionario judicial protegido por garantías constitucionales.
Con la firma de Vidal y de la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, la Provincia dejó formalmente restituido a Sosa en el cargo. El Gobierno presentó la decisión como un gesto de respeto a la ley, a las instituciones y a los fallos judiciales.
La restitución también tiene un peso simbólico para Santa Cruz: cierra un expediente que atravesó gobiernos, tensiones políticas y años de incumplimiento. En una provincia marcada por disputas de poder prolongadas, el regreso de Eduardo Sosa al cargo aparece como una señal institucional fuerte y como un intento del actual Gobierno de mostrar distancia con una deuda heredada.