El Gobierno de Neuquén extendió por otros seis meses la emergencia y el desastre agropecuario por sequía, una medida que confirma la gravedad de la crisis hídrica que atraviesa buena parte del territorio provincial.
La prórroga comenzará a regir el 1 de julio y mantendrá vigente el régimen excepcional declarado el año pasado. La medida alcanza a casi toda la provincia, con excepción de los valles irrigados de los departamentos Añelo y Confluencia.
La decisión se apoya en informes técnicos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas y del INTA, que advierten sobre precipitaciones por debajo de los valores históricos, baja acumulación de nieve y caudales mínimos en ríos clave como el Neuquén, el Limay y el Collón Curá.
El impacto ya se siente en el campo. La falta de agua reduce la disponibilidad de pasturas naturales, deteriora la vegetación destinada a la alimentación del ganado y condiciona la continuidad de actividades como la ganadería, la agricultura de secano y la forestación.
Con la extensión de la emergencia, los productores afectados podrán mantener el acceso a los beneficios previstos por el sistema provincial de asistencia, siempre que cuenten con el certificado correspondiente. El objetivo oficial es aliviar obligaciones, sostener la actividad y coordinar medidas de mitigación frente a una sequía que dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un problema estructural.
La medida expone una tensión de fondo para Neuquén: mientras la provincia concentra buena parte de su agenda pública en el desarrollo energético, el interior productivo sigue dependiendo de una variable cada vez más crítica: el agua. La emergencia agropecuaria no sólo habla del clima; también obliga a discutir infraestructura, planificación hídrica y futuro rural.