Milei empieza a soltarle la mano a Adorni por el frente judicial

El presidente Javier Milei empezó a modificar su estrategia frente a la crisis que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Después de semanas de defensa cerrada, el mandatario admitió que podría apartarlo del cargo si la Justicia confirma las sospechas sobre sus declaraciones patrimoniales.

El giro marca un cambio político dentro de la Casa Rosada. Hasta ahora, el Gobierno había sostenido a sus funcionarios bajo una lógica de respaldo casi automático. Pero el caso Adorni abrió un frente más delicado: ya no se trata sólo de una denuncia opositora, sino de inconsistencias que empiezan a incomodar al propio oficialismo.
 

La defensa cripto, bajo sospecha
 

El punto más sensible es la explicación sobre el crecimiento patrimonial del funcionario. Según la versión presentada, parte de los fondos cuestionados provendría de inversiones tempranas en criptomonedas. Sin embargo, esa defensa quedó debilitada por registros previos en los que Adorni habría negado tener activos digitales o recomendado no operar con ellos por su volatilidad.

La contradicción golpea de lleno sobre el discurso de transparencia y austeridad que el Gobierno intentó construir desde su llegada al poder. En un contexto de ajuste, caída del consumo y malestar social, las dudas sobre el patrimonio de un funcionario central se vuelven políticamente corrosivas.
 

La sucesión ya aparece en el horizonte
 

Dentro del oficialismo, el desgaste de Adorni también reabrió la discusión por un eventual reemplazo. En ese tablero aparecen dos nombres: Pablo Quirno, con perfil técnico y vinculado al área económica, y Diego Santilli, como opción política para reforzar la negociación con gobernadores y el vínculo con el PRO.

El problema para Milei es que soltarle la mano a Adorni también tiene riesgos. El jefe de Gabinete concentró información sensible sobre el funcionamiento interno del Gobierno, contratos, comunicación oficial y decisiones políticas. Por eso, en la mesa chica temen que una salida mal administrada pueda abrir nuevas derivaciones.

La crisis deja al Gobierno ante una contradicción evidente: el espacio que prometió terminar con los privilegios ahora debe decidir si sostiene a un funcionario cuestionado o si asume el costo de desplazarlo. En cualquiera de los dos caminos, el caso Adorni ya dejó una marca: la intransigencia oficial empieza a ceder cuando la sospecha golpea puertas adentro.