Santa Cruz: advierten que la deuda sería la más alta por habitante

La discusión por el endeudamiento de Santa Cruz volvió a escalar después de que el periodista Facundo Paredes difundiera un informe que advierte sobre el impacto per cápita del préstamo impulsado por el Gobierno provincial. Según ese análisis, si se aprueba la deuda, cada santacruceño cargaría con una obligación estimada de $4.046.000 en 2026, lo que ubicaría a la provincia en el primer lugar del país en deuda por habitante.

El dato es políticamente incómodo para la gestión de Claudio Vidal porque golpea el corazón de su relato económico. El Gobierno sostiene que el financiamiento permitirá ejecutar infraestructura, ampliar servicios básicos y transformar la matriz productiva. Sin embargo, el informe difundido por Paredes plantea una objeción central: varias de las obras incluidas ya figurarían en el Presupuesto Provincial 2026 con financiamiento propio, por lo que la nueva deuda no necesariamente agregaría una transformación real, sino que podría reemplazar recursos ya previstos.
 

La deuda como promesa de obra pública
 

El oficialismo provincial defiende el endeudamiento como una herramienta para acelerar proyectos de infraestructura. En el listado aparecen obras de agua, cloacas, escuelas, viviendas y servicios básicos. Son intervenciones necesarias para una provincia extensa, desigual y atravesada por déficits históricos de inversión pública.

Pero ahí aparece el primer problema político. Que una obra sea necesaria no significa que justifique cualquier nivel de endeudamiento. Mucho menos si el préstamo proyectado coloca a Santa Cruz en una situación inédita dentro del ranking nacional de deuda per cápita. La discusión no es si la provincia necesita infraestructura. La pregunta es por qué debe financiarse con una carga tan pesada sobre los habitantes y qué impacto productivo concreto dejará esa deuda una vez ejecutadas las obras.

El informe señala que Santa Cruz pasaría del puesto 22 al primero en el ranking nacional de deuda por habitante. Ese salto no es menor: supone convertir a una de las provincias con menor deuda per cápita en la más comprometida del país. La magnitud del cambio obliga al Gobierno a explicar no sólo el destino de los fondos, sino también la razonabilidad financiera, los plazos, las garantías y el costo real de la operación.

El argumento oficial habla de transformación productiva. Pero el listado de proyectos, tal como fue presentado en el análisis opositor, parece responder más a infraestructura básica que a un plan capaz de modificar la estructura económica provincial. Agua, cloacas, escuelas y viviendas son obligaciones elementales del Estado. Pueden mejorar condiciones de vida, pero no necesariamente generan por sí mismas nuevos sectores económicos ni una matriz productiva distinta.
 

El costo de endeudarse sin explicar el cambio
 

El punto más débil para el Gobierno de Vidal es la distancia entre la épica del anuncio y la naturaleza de las obras. Si la deuda se presenta como una palanca para transformar Santa Cruz, la administración provincial debe demostrar qué actividades nuevas impulsará, qué empleo privado generará, qué cadenas productivas fortalecerá y cómo se pagará el crédito sin asfixiar las cuentas públicas futuras.

De lo contrario, el endeudamiento queda expuesto como una operación de alto costo político: tomar deuda histórica para financiar obras que, aunque necesarias, no alcanzan para justificar el salto al primer lugar nacional en deuda per cápita. En ese escenario, el discurso de la transformación se vuelve frágil, porque el préstamo no aparece como inversión estratégica, sino como una forma de tapar déficits, liberar partidas o financiar compromisos que el presupuesto ya debería contemplar.

La comparación con Chubut también agrava el cuadro. Según el informe difundido, la deuda estimada de Santa Cruz superaría por amplio margen a la segunda provincia del ranking. Ese dato instala una pregunta difícil para el oficialismo: por qué una provincia con recursos naturales, regalías, minería, hidrocarburos y potencial energético necesita asumir semejante nivel de compromiso financiero para obras que deberían formar parte de una planificación ordinaria del Estado.

El Gobierno puede insistir en que la deuda será para infraestructura. Pero la ciudadanía tiene derecho a exigir una explicación más precisa. No alcanza con enumerar obras. Hay que demostrar que el préstamo no será una hipoteca disfrazada de progreso, que los recursos no reemplazarán partidas ya previstas y que el endeudamiento no se convertirá en una carga permanente para una provincia que todavía arrastra problemas salariales, desigualdad territorial y dependencia fiscal.

La crítica de Paredes y Aoniken Datos Santa Cruz deja al oficialismo ante una contradicción: si el proyecto es tan estratégico, debería poder sostenerse con números claros, prioridades transparentes y una explicación pública que no se limite a prometer obra pública. Porque endeudarse puede ser una herramienta legítima. Lo que no puede ser es un salto al vacío presentado como modernización.