El PJ acusó a diputados rionegrinos de blindar a Adorni

El Partido Justicialista de Río Negro elevó el tono contra el oficialismo nacional y sus representantes en la provincia, luego de que no prosperara el intento de avanzar en el Congreso con una moción de censura para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En un comunicado, el peronismo apuntó directamente contra los diputados nacionales rionegrinos Aníbal Tortoriello, Lorena Villaverde y Sergio Capozzi, a quienes acusó de contribuir con su ausencia a bloquear los mecanismos de control institucional.

El planteo del PJ se inscribe en una discusión más amplia sobre las inconsistencias patrimoniales atribuidas a Adorni, las rectificaciones en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción y las presuntas irregularidades señaladas en presentaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Para el justicialismo, el caso no puede ser tratado como una controversia administrativa menor, sino como un episodio que exige explicaciones públicas de parte de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.

El costo político de no dar quórum
 

La crítica más fuerte del comunicado estuvo dirigida a los legisladores rionegrinos que decidieron no acompañar el quórum. Según el Partido Justicialista, esa decisión no fue un gesto de neutralidad parlamentaria, sino una toma de posición concreta a favor del blindaje político del jefe de Gabinete. En ese punto, el texto busca instalar una acusación precisa: quienes se ausentaron no sólo evitaron una sesión, sino que ayudaron a impedir que el Congreso ejerciera su facultad de control sobre el Poder Ejecutivo.

La mención a Tortoriello, Villaverde y Capozzi apunta a exponer una contradicción política. Mientras La Libertad Avanza construyó parte de su discurso público sobre la transparencia, la denuncia contra la “casta” y la promesa de terminar con los privilegios, sus representantes rionegrinos quedaron señalados por el PJ como parte de una estrategia defensiva frente a un funcionario cuestionado.

Ese es el flanco que el peronismo intenta explotar: la distancia entre el discurso moral del oficialismo y su comportamiento cuando las sospechas alcanzan a figuras propias. La ausencia en una sesión clave aparece, entonces, como algo más que una decisión legislativa. Para el PJ rionegrino, fue una forma de proteger al poder cuando el poder debía ser obligado a rendir cuentas.
 

Transparencia para unos, silencio para otros
 

El comunicado también buscó enmarcar el caso Adorni dentro de una crítica más general al Gobierno nacional. El Partido Justicialista mencionó el caso $Libra, que involucró al presidente Javier Milei, y el caso Andis, al que vinculó con Karina Milei, para denunciar lo que considera un patrón de encubrimiento político frente a hechos graves de corrupción o presuntas irregularidades.

La comparación tiene una intención evidente: mostrar que el oficialismo reclama dureza, castigo y transparencia hacia sus adversarios, pero cierra filas cuando las explicaciones deben venir desde su propio espacio. En esa lectura, el caso Adorni no queda aislado, sino que se suma a una secuencia de episodios donde el Gobierno nacional habría preferido el silencio, la protección interna y la descalificación de las denuncias antes que la exposición pública de los hechos.

El PJ rionegrino también vinculó el reclamo con la situación de Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que mientras la Justicia avanza con dureza contra la expresidenta, sectores del oficialismo y sus aliados parlamentarios evitarían actuar con el mismo rigor frente a las sospechas que alcanzan a funcionarios libertarios. La frase busca reforzar una idea de doble vara: castigo para unos, cobertura para otros.

En términos políticos, el comunicado deja mal parados a los diputados rionegrinos de La Libertad Avanza porque los ubica en el lugar menos cómodo para un espacio que hizo de la transparencia una bandera: el de legisladores que, ante una oportunidad institucional de exigir explicaciones, eligieron no estar. Esa ausencia puede ser leída como una decisión táctica, pero también como una señal de subordinación política.

La democracia no se mide sólo por la cantidad de discursos contra la corrupción, sino por la disposición real a controlar al propio gobierno. Y ahí aparece el núcleo del cuestionamiento del PJ: si Adorni no tiene nada que ocultar, si sus declaraciones pueden ser explicadas y si las inconsistencias señaladas tienen respuesta, el camino institucional era habilitar la interpelación, no bloquearla.