La Corte cerró la causa de sobresueldos y expuso la impunidad del poder rionegrino

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una de las condenas más significativas de la historia política reciente de Río Negro: siete exministros y un extesorero del gobierno de Miguel Saiz fueron condenados por el cobro y distribución de sobresueldos durante seis años, entre 2004 y 2010. La resolución del máximo tribunal no reabrió la discusión de fondo, pero cerró definitivamente el recorrido judicial de una causa que expuso una forma silenciosa, administrativa y persistente de corrupción estatal.

El caso no habla de bolsos, valijas ni puestas en escena. Se resume en un caso de fondos públicos que, según la Justicia, fueron separados del circuito normal de la Administración y manejados con discrecionalidad para pagar adicionales salariales por fuera de los controles formales. Una maquinaria burocrática con apariencia de legalidad, sostenida durante años, que terminó con condenas firmes por peculado.
 

Dos exministros con prisión efectiva
 

Los dos exfuncionarios con penas de cumplimiento efectivo son César Barbeito y Francisco “Ringo” González, ambos exministros de Coordinación durante la gestión radical de Saiz. Fueron condenados a tres años y seis meses de prisión como autores del delito de peculado. González ya se presentó y fue alojado en la Unidad Penitenciaria de Pomona; Barbeito, que se encontraba de viaje al momento de conocerse la decisión de la Corte, se presentó en Bariloche y quedó detenido.

El resto de los condenados —Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega, Diego Larreguy y el extesorero José Ongaro— recibió penas de dos años y seis meses en suspenso, al ser considerados partícipes necesarios. El excontador general Gustavo Picchi quedó fuera del paquete de condenas por prescripción de la acción penal.

La causa se inició a partir de una investigación del diario Río Negro y tuvo desde el comienzo un fuerte impacto político. Según aquella investigación, el mecanismo habría implicado el pago de más de 24 millones de pesos entre 2004 y 2010, cifra equivalente a unos seis millones de dólares calculados a valores de ese período. El gobierno de Saiz lo negó en su momento y defendió esos pagos como adicionales por “dedicación exclusiva funcional”. Pero la Justicia provincial entendió otra cosa: que no existía una norma válida que habilitara ese esquema y que los fondos eran distribuidos sin parámetros legales claros, sin registro suficiente y por fuera de los controles administrativos ordinarios.
 

El corazón del fallo
 

Para el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, los funcionarios no sólo autorizaron pagos irregulares: sustrajeron fondos de la esfera de custodia de la Administración y los colocaron bajo un mecanismo de disposición discrecional. 

La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos de las defensas porque no cumplían con los requisitos formales exigidos para abrir la instancia federal. Con esa decisión, las condenas dictadas en Río Negro quedaron firmes.

El dato político nacional también incomoda. Barbeito fue defendido, entre otros abogados, por Mariano Cúneo Libarona, exministro de Justicia del gobierno de Javier Milei hasta marzo de 2026. Este dato recrea una nueva una postal incómoda para un oficialismo que hizo de la denuncia contra la “casta” una bandera central de identidad política: uno de sus principales referentes judiciales apareció vinculado profesionalmente a la defensa de un exfuncionario condenado por un esquema de sobresueldos estatales.
 

La corrupción como costumbre administrativa
 

La causa de los sobresueldos en Río Negro demuestra que la corrupción no siempre se presenta como una excepción ruidosa. A veces funciona como costumbre administrativa. Como suplemento. Como firma. Como cheque. Como efectivo retirado por ventanilla. Como expediente que circula sin demasiadas preguntas hasta que alguien lo investiga.

También deja una advertencia institucional: los organismos de control pueden existir y, aun así, llegar tarde. La formalidad no siempre garantiza transparencia. La legalidad aparente puede funcionar como cobertura de prácticas discrecionales cuando no hay trazabilidad, publicidad ni rendición efectiva del uso de los fondos públicos.