La crisis política que rodea a Manuel Adorni empieza a tener impacto directo sobre el Gobierno nacional. Un relevamiento de Management & Fit, realizado sobre 2.200 casos en todo el país, indica que casi ocho de cada diez argentinos consideran que el jefe de Gabinete debería renunciar o, al menos, pedir licencia mientras avanzan las investigaciones en su contra.
Según la encuesta, el 55,1% de los consultados cree que Adorni debería dejar definitivamente el cargo, mientras que otro 23,6% sostiene que debería apartarse de manera temporal hasta que se esclarezcan las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales.
El dato llega en un momento especialmente delicado para la Casa Rosada. El Gobierno de Javier Milei intenta recuperar el control de la agenda, pero el caso de uno de sus funcionarios más cercanos se convirtió en un foco de desgaste político y comunicacional.
El mismo sondeo muestra un deterioro en la imagen del Gobierno. La desaprobación de la gestión de Milei alcanzó el 54,3%, el nivel más alto desde diciembre de 2023, mientras que la aprobación cayó al 37,2%.
Entre las principales preocupaciones mencionadas por los encuestados aparecen la inflación, la corrupción y la desocupación. En las asociaciones vinculadas al caso Adorni, las respuestas negativas fueron dominantes: 22% lo definió como “corrupto”, 12% como “ladrón”, 9,8% como “chorro”, 8,3% como “mentiroso” y 4,3% como “chanta”.
El relevamiento también refleja un clima de desconfianza más amplio hacia el oficialismo. El 59% de los encuestados considera que el Presidente o su entorno tienen responsabilidad en el caso $LIBRA, mientras que el 67,4% entiende que los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios constituyen hechos de corrupción.
La presión sobre el apellido Adorni también creció en el plano judicial. El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria del diputado bonaerense Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, por presunta omisión maliciosa y falsedad en sus declaraciones juradas patrimoniales.
Según la investigación, el legislador habría omitido información relevante y corregido más de diez veces sus declaraciones después del inicio de la causa. Entre los datos incorporados posteriormente aparecen $21 millones atribuidos a una herencia, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, bienes, valores de inmuebles y deudas que no habían sido informadas inicialmente.
La fiscalía también puso el foco en su trayectoria profesional: Francisco Adorni trabajó en áreas vinculadas al control de declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura bonaerense, por lo que, según el planteo fiscal, no podía desconocer la obligación de declarar con precisión.
El caso agrega un nuevo problema para La Libertad Avanza. Las investigaciones sobre los hermanos Adorni no solo afectan a dos dirigentes del espacio, sino que golpean una de las banderas centrales del oficialismo: la promesa de transparencia frente a la “casta”.
Con la desaprobación en alza y una mayoría social que pide que Manuel Adorni se aparte del cargo, el Gobierno enfrenta una crisis que ya no puede reducirse a una denuncia aislada. La continuidad del jefe de Gabinete queda cada vez más atada al costo político que Milei esté dispuesto a pagar por sostenerlo.