El lado B del Súper RIGI: inversión récord, menos controles y dudas por el derrame real

El Súper RIGI fue presentado por el oficialismo como una versión ampliada del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, con más sectores habilitados y mayores beneficios para atraer capital privado. La propuesta busca sumar actividades como inteligencia artificial, semiconductores, baterías de litio, industria aeroespacial e infraestructura digital, además de los rubros ya incluidos en el esquema original.

Pero detrás del objetivo de acelerar inversiones aparece una discusión más incómoda: cuánto dejarán realmente esos proyectos en la economía argentina. Distintos informes advierten que el régimen puede mejorar la llegada de capitales, pero también abrir problemas en materia de recaudación, ingreso de divisas, desarrollo de proveedores locales y concentración de beneficios en empresas con fuerte capacidad de lobby.
 

Beneficios más amplios y menos exigencias
 

Un informe de Fundar marcó una contradicción de base: un gobierno que reivindica el libre mercado termina aplicando una política de selección estatal de sectores favorecidos. En la práctica, el RIGI original ya concentró cerca del 90% de las inversiones en hidrocarburos y minería, dos áreas con alto peso exportador y fuerte demanda de beneficios fiscales.

La nueva versión profundiza ese esquema. Entre los cambios principales aparece una rebaja del Impuesto a las Ganancias al 15%, por debajo del 25% previsto en el RIGI original, y una reducción de contribuciones patronales al 10%. También se acelera la libre disponibilidad de divisas: las empresas podrían disponer del 20% durante el primer año, 40% en el segundo y 100% desde el tercero.

El punto más cuestionado por Fundar es la eliminación de exigencias de integración local. El proyecto quita el compromiso mínimo del 20% de contratación nacional en bienes y obras, y limita la posibilidad del Estado de exigir compras locales si existe una alternativa importada más barata.

Para la organización, el riesgo es concreto: inversiones con beneficios extraordinarios, pero con bajo impacto sobre proveedores argentinos, escaso aporte fiscal y una generación de dólares que no necesariamente ingrese al mercado local.
 

Lobby, distorsiones y una excepción que puede volverse permanente
 

El IERAL de la Fundación Mediterránea también planteó reparos, aunque desde una mirada más liberal. Su crítica principal no se concentra tanto en el impacto sobre divisas o recaudación, sino en el riesgo de convertir una herramienta excepcional en una política permanente.

El instituto advierte que ningún régimen especial reemplaza una mejora general de las condiciones institucionales para invertir. En ese sentido, el Súper RIGI podría facilitar proyectos puntuales, pero no transformar por sí solo el patrón de inversión de largo plazo del país.

También coincide con Fundar en el problema del lobby. Cuanto más grande es la red de beneficios, mayores son los incentivos para que empresas y sectores presionen por ingresar, extender o ampliar el régimen. Eso puede profundizar inequidades entre actividades, aumentar la discrecionalidad y complejizar la administración pública.

El debate, entonces, no es simplemente inversión sí o inversión no. La pregunta es bajo qué condiciones. Para sus defensores, el Súper RIGI puede destrabar proyectos que no se harían sin incentivos. Para sus críticos, el riesgo es crear un esquema donde el Estado resigna impuestos, divisas y capacidad de desarrollo productivo sin exigir suficientes contraprestaciones.

Las alternativas planteadas apuntan a condicionar los beneficios a metas verificables: integración local, inversión en investigación y desarrollo, generación de proveedores, exportaciones, sustentabilidad ambiental, transparencia y revisiones periódicas.