Los sueldos que incomodan a Weretilneck: exfuncionarios y operadores bajo el paraguas de la Legislatura

La aparición de recibos de sueldo vinculados a la Legislatura de Río Negro volvió a encender una discusión incómoda para el oficialismo provincial: el uso del Poder Legislativo como estructura de contención política para exfuncionarios, dirigentes territoriales, asesores y operadores.

Los documentos prueban un dato concreto: hay personas con trayectoria política que cobran o cobraron salarios del Poder Legislativo provincial. La discusión de fondo ya no pasa únicamente por el mote de “empleados fantasmas”, sino por una pregunta más difícil de esquivar: qué tareas cumplen, quién las controla y por qué la Legislatura sostiene remuneraciones elevadas a figuras cuya función pública concreta no aparece claramente explicada.

En una provincia atravesada por reclamos salariales, ajuste fiscal, conflictos gremiales y deterioro del poder adquisitivo, cada recibo legislativo superior al millón o dos millones de pesos se convierte en un problema de legitimidad. La legalidad formal del pago no alcanza para cerrar la discusión si no existe una contraprestación pública verificable.
 

La Legislatura como refugio del poder
 

El caso no aparece en el vacío. Investigaciones previas de Ruido, Poder Ciudadano y medios provinciales ya habían señalado que la Legislatura de Río Negro contaba con cientos de sueldos, una fuerte presencia de planta temporaria y un peso significativo de auxiliares o asesores políticos.

Ese esquema consolidó una práctica conocida en la política rionegrina: el Parlamento funciona como refugio para dirigentes que salen de cargos ejecutivos, exintendentes, operadores territoriales y figuras partidarias que mantienen vínculos con el poder provincial.

La figura del “auxiliar legislativo” es una de las zonas más opacas del sistema. Puede cubrir tareas reales de asesoramiento o apoyo político, pero también puede funcionar como un mecanismo para financiar lealtades, sostener armados territoriales o contener aliados sin exposición directa en el gabinete.

Los nombres que aparecen en los recibos
 

Entre los casos mencionados figura Sabina del Carmen Costa, exintendenta de Allen, con un neto de mayo de 2026 de $2.013.639,92. Su nombre ya había aparecido en investigaciones sobre auxiliares y asesores legislativos: fue designada en la Secretaría Administrativa de la Legislatura desde el 10 de diciembre de 2019, el mismo día en que dejó el municipio.

También aparece Julián Antonio Fernández, con un neto de mayo de 2026 de $2.157.021,17. Existen referencias públicas a un Julián Fernández vinculado a Todo Roca Noticias, aunque la información disponible no permite confirmar de manera concluyente que se trate de la misma persona ni precisar una función legislativa específica.

Otro nombre de la lista es Diego Orlando Palma, con un neto de junio de 2026 de $2.078.815,36. En boletines oficiales anteriores figura como agente dependiente de la Legislatura de Río Negro, con transferencias transitorias a áreas del Ejecutivo y funciones en otras localidades, lo que muestra un vínculo estatal de larga data.

En el caso de Héctor Raúl Illuminati, cuyo recibo de junio de 2026 registra un neto de $1.104.051,58, aparecen antecedentes en el Boletín Oficial vinculados a cargos dentro del Ministerio de Desarrollo Social, entre ellos una renuncia como director de Patrimonio y una posterior designación como director de Emergencia Social.

La lista también incluye a Alberto Fabián Carro, mencionado con un monto de $1.560.274,70. Hay registros antiguos que ubican a una persona con ese nombre en documentación oficial, aunque la información disponible no permite establecer con precisión su función política actual ni su tarea legislativa concreta en 2026.

Cobrar no alcanza: la función debe poder probarse
 

En una estructura estatal transparente, cada salario debería estar respaldado por una función verificable: tareas asignadas, dependencia jerárquica, asistencia, informes, despacho, área de trabajo y responsabilidad concreta.

Cuando esa información no aparece, el problema deja de ser técnico y se vuelve político. La Legislatura no puede limitarse a decir que los pagos existen dentro de la legalidad. Debe poder explicar qué hace cada persona, para quién trabaja y por qué su remuneración se corresponde con una tarea útil para el funcionamiento institucional.

El golpe al oficialismo
 

La conducción de la Legislatura y el bloque de Juntos Somos Río Negro, presidido por Facundo López, quedan atravesados por esta discusión. En mayo de 2026, un medio político apuntó al bloque oficialista y habló de contrataciones de familiares de funcionarios, punteros y dirigentes históricos dentro del Parlamento provincial.

 El gobierno provincial puede discutir si corresponde hablar de “empleados fantasmas”, pero le resulta mucho más difícil explicar por qué el Poder Legislativo paga sueldos altos a figuras políticas cuya función no está expuesta con claridad ante la ciudadanía.