El gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley para que las futuras empresas operadoras de las principales represas hidroeléctricas del Comahue paguen una retribución económica por el uso del agua destinada a la generación eléctrica.
La iniciativa alcanza a las concesionarias que asuman el control de Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional. El texto ingresó al Parlamento con acuerdo general de ministros y pedido de tratamiento en única vuelta.
El punto central del proyecto es la creación de una retribución económica para la provincia. Las futuras operadoras deberán pagar a Río Negro un monto equivalente al 1% de toda la facturación obtenida por la venta de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.
La norma también contempla que ese porcentaje pueda elevarse hasta el 2% si Neuquén renuncia a percibir una compensación por el aprovechamiento de recursos hídricos compartidos.
La autoridad encargada de implementar, controlar y percibir esos fondos será la Secretaría de Estado de Ambiente y Energía de Río Negro, que tendrá facultades para reglamentar los mecanismos de liquidación y fiscalización.
Desde el gobierno provincial sostienen que el proyecto representa un avance en el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Ese principio está contemplado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, pero no había sido aplicado en las concesiones originales de las represas, otorgadas antes de la reforma constitucional de 1994.
El gerente general del EPRE, Santiago Yanotti, afirmó que se trata del “primer reconocimiento a nivel nacional” del derecho de las provincias a cobrar por el uso de sus recursos. Según explicó, hasta ahora las operadoras utilizaban el agua sin autorización provincial específica y sin pagar una contraprestación por ese aprovechamiento.
El funcionario remarcó que la medida no constituye una regalía ni un nuevo impuesto sobre la generación eléctrica, sino un pago por el uso especial del recurso hídrico con fines hidroeléctricos.
El proyecto ya obtuvo dictamen favorable de varios bloques legislativos y será debatido en la Legislatura. Para Río Negro, la iniciativa busca fijar condiciones antes de que se definan las nuevas concesiones y sentar un antecedente para otras provincias con recursos naturales estratégicos.