La Libertad Avanza propone regular el uso de IA en campañas y combatir las fake news electorales

El avance de la inteligencia artificial generativa abrió un nuevo escenario para la comunicación política y las campañas electorales. La posibilidad de crear imágenes, audios, videos e incluso encuestas falsas con un alto grado de realismo encendió las alarmas en distintos sectores institucionales. En ese contexto, un proyecto de ley impulsado en la Legislatura de Río Negro busca establecer reglas claras para evitar que estas herramientas sean utilizadas para engañar a los votantes.

La iniciativa fue presentada por el legislador César Domínguez, del bloque de La Libertad Avanza aunque no esta conformado, propone modificar la Ley O N° 2431, correspondiente al Código Electoral provincial. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo no es prohibir el uso de la inteligencia artificial, sino garantizar la transparencia y proteger la integridad del proceso democrático frente a nuevas formas de manipulación digital.
 

Inteligencia artificial en campañas: transparencia y control

Uno de los puntos centrales de la propuesta establece que todo contenido electoral generado o alterado sustancialmente mediante inteligencia artificial deberá ser identificado de manera clara cuando tenga apariencia de realidad. La medida alcanza a materiales audiovisuales, gráficos y sonoros difundidos durante las campañas.

En esos casos, la norma obligaría a incorporar una advertencia visible o audible que informe expresamente: “Este contenido ha sido creado y/o modificado con inteligencia artificial”. El propósito es que los ciudadanos puedan distinguir cuándo están frente a una producción artificial y cuándo se trata de material auténtico.

Domínguez sostiene que la regulación busca acompañar el desarrollo tecnológico sin impedir su utilización legítima. En ese sentido, remarca que la intención es “evitar su uso abusivo y garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de engaños deliberados a la hora de emitir su voto”.
 

Deepfakes, bots y manipulación electoral bajo la lupa

El proyecto también incorpora la prohibición de la denominada “suplantación electoral sintética”, una práctica asociada a los conocidos deepfakes. De aprobarse la iniciativa, quedaría prohibida la creación de contenidos falsos destinados a atribuir declaraciones, apoyos políticos, renuncias o conductas inexistentes a candidatos, partidos políticos o autoridades electorales.

Asimismo, se busca impedir la utilización de bots no identificados para generar una falsa percepción de apoyo popular en redes sociales y plataformas digitales. La propuesta también limita la segmentación de audiencias cuando se utilicen datos sensibles obtenidos sin consentimiento de las personas involucradas.

Para los impulsores del proyecto, estas herramientas representan una amenaza creciente para la calidad democrática, especialmente en períodos electorales donde la circulación masiva de información puede influir en las decisiones de los votantes.
 

Sanciones, retiro de contenidos y protección de la libertad de expresión

La iniciativa prevé un esquema de sanciones escalonado para quienes incumplan las nuevas disposiciones. Entre las medidas contempladas figuran apercibimientos públicos, intimaciones, multas económicas que van desde cincuenta hasta mil jornales mínimos y, en los casos más graves, la pérdida total o parcial de los aportes públicos destinados a las campañas electorales.

Además, la Justicia Electoral tendría facultades para ordenar a las plataformas digitales la eliminación de contenidos engañosos considerados maliciosos en un plazo máximo de 48 horas desde su denuncia o reporte.

No obstante, el proyecto incorpora salvaguardas destinadas a evitar que la regulación se convierta en un mecanismo de censura. La propuesta excluye expresamente de las restricciones a los contenidos humorísticos, satíricos, caricaturescos o paródicos. También protege la actividad periodística y las investigaciones ciudadanas, estableciendo que el Estado no podrá utilizar la norma para disciplinar opiniones políticas ni imponer una supuesta “verdad oficial”.