RIMI en Río Negro: el oficialismo acelera beneficios para empresas y la oposición pide más tiempo

El proyecto para que Río Negro adhiera al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) consiguió dictamen favorable en la Plenaria de Comisiones y quedó encaminado para su tratamiento en la próxima sesión legislativa. La iniciativa, enviada por el gobernador Alberto Weretilneck con respaldo de todo su gabinete, busca sumar a la provincia al esquema nacional de beneficios para inversiones productivas.

El oficialismo logró acompañamiento de Juntos Somos Río Negro, PRO, Unión Cívica Radical, CC-ARI Cambiemos y Primero Río Negro. En cambio, Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro pidieron una prórroga para estudiar el proyecto con más detalle antes de fijar posición definitiva.

La diferencia no alcanza, por ahora, para frenar el avance de la iniciativa. Con la mayoría ya reunida, el expediente quedó en condiciones de llegar al recinto en la sesión prevista para el jueves 11 de junio. Pero el pedido opositor dejó planteada una discusión política de fondo: el Gobierno provincial busca aprobar rápido un nuevo paquete de incentivos fiscales para empresas, mientras parte de la oposición reclama más tiempo para evaluar costos, beneficios y alcance real sobre la economía rionegrina.
 

Inversión privada y discusión pública
 

El titular de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, fue el encargado de defender el proyecto ante los legisladores. Explicó los principales puntos del régimen y respondió preguntas durante el debate en comisión.

El argumento oficial es que el RIMI permitirá fortalecer la inversión productiva, acompañar a las pymes y generar nuevas oportunidades de empleo en el territorio provincial. La adhesión se presenta como una herramienta para mejorar la competitividad de Río Negro y atraer proyectos de escala mediana en un contexto económico complejo.

Sin embargo, el debate también expone una prioridad política del gobierno de Weretilneck: acelerar beneficios para el sector privado con una discusión legislativa acotada. El punto sensible no es si la provincia debe promover inversiones, sino bajo qué condiciones, con qué controles, qué impacto fiscal y qué garantías de generación efectiva de empleo local.

El pedido de prórroga de los bloques opositores apunta justamente a ese margen de análisis. Una ley de incentivos puede ordenar expectativas empresarias, pero también compromete recursos públicos, define tratamientos tributarios diferenciales y marca qué sectores serán privilegiados dentro de la estrategia productiva provincial.
 

Qué establece el RIMI
 

El RIMI fue creado por el Gobierno nacional en abril como una herramienta para dinamizar el aparato productivo, mejorar la competitividad de las empresas, promover cadenas de valor, aumentar exportaciones y favorecer la creación de empleo.

El régimen está orientado a inversiones de micro, pequeñas y medianas empresas, siempre que alcancen los pisos establecidos por la norma. Para microempresas, el mínimo previsto es de 150 mil dólares; para pequeñas empresas, 600 mil dólares; para medianas tramo 1, 3,5 millones de dólares; y para medianas tramo 2, 9 millones de dólares. Esos montos se computan netos de IVA.

Las empresas tendrán hasta dos años para concretar las inversiones. Luego accederán a un régimen de amortización acelerada en el impuesto a las ganancias para los bienes incluidos en el programa.

El oficialismo provincial busca presentar la adhesión como una señal de previsibilidad hacia el capital privado. La oposición que pidió más tiempo, en cambio, intenta instalar una cautela mínima: antes de aprobar beneficios fiscales, la Legislatura debería conocer con precisión qué resigna la provincia, qué sectores serán alcanzados y qué contraprestaciones concretas deberán cumplir las empresas.

El avance del RIMI no llega como un escándalo, pero sí como un síntoma de época: mientras las urgencias sociales, salariales y territoriales siguen abiertas, el gobierno provincial elige acelerar una agenda de incentivos a la inversión privada. La discusión que viene no será solo técnica. Será, sobre todo, política: qué modelo de desarrollo quiere financiar Río Negro y con qué nivel de debate público.