Zona Fría: universidades patagónicas rechazan la reforma de Milei y advierten por más desigualdad

Las universidades patagónicas salieron a defender el régimen de Zona Fría en medio del avance de una reforma impulsada por el Gobierno nacional, que ya obtuvo media sanción en Diputados y espera tratamiento en el Senado. El reclamo no aparece aislado: llega en plena crisis presupuestaria universitaria, con salarios docentes y nodocentes atrasados, tarifas en aumento y una disputa judicial abierta por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión excede una planilla de subsidios. En la Patagonia, la calefacción no funciona como un consumo accesorio, sino como una condición básica para vivir, estudiar, trabajar y sostener instituciones abiertas durante buena parte del año. Ese es el punto que plantea la Red de Universidades Patagónicas, que pidió al Congreso frenar cualquier cambio que recorte o debilite el régimen vigente.
 

Una reforma que reordena el beneficio
 

El proyecto del Poder Ejecutivo modifica el régimen de subsidios al gas en zonas de bajas temperaturas. Fue aprobado en Diputados el 20 de mayo de 2026, con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, y quedó girado al Senado bajo el expediente 3/26. El texto modifica la Ley 25.565, incorpora regularización de deudas eléctricas y deroga decretos vinculados al sector energético.

El Gobierno sostiene que no busca eliminar por completo la Zona Fría, sino corregir la ampliación de 2021. Según la lectura oficial, el beneficio automático debería volver a concentrarse en las zonas históricas: Patagonia, Malargüe y la Puna. Para las regiones incorporadas en 2021, el acceso quedaría atado a criterios de vulnerabilidad económica dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

La administración nacional argumenta que el recargo actual del 7,5% no alcanza para financiar todo el sistema y que el Tesoro debe cubrir la diferencia. También propone que la compensación se calcule solo sobre el precio del gas, y no sobre la tarifa completa.
 

El frío como discusión federal
 

La respuesta universitaria apunta al corazón político de la reforma. Para las casas de estudio del sur, equiparar el consumo de gas patagónico con el de regiones menos expuestas al frío desconoce una desigualdad territorial concreta. La calefacción en la Patagonia no es una comodidad: es una infraestructura cotidiana de supervivencia.

La Red de Universidades Patagónicas también vinculó el debate energético con la situación crítica del sistema universitario. Las instituciones denuncian falta de actualización presupuestaria, pérdida salarial y demoras en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese contexto, cualquier aumento en el costo del gas o la electricidad puede impactar directamente sobre el funcionamiento de edificios, laboratorios, comedores, residencias y actividades académicas.

El conflicto, entonces, no se limita a usuarios residenciales. Aunque la reforma oficial se concentra principalmente en el gas domiciliario, la discusión arrastra una pregunta más amplia: cuánto cuesta sostener educación pública en territorios donde el clima encarece estructuralmente la vida institucional.
 

El proyecto de Soria y la tarifa universitaria
 

En paralelo, el diputado Martín Soria presentó un proyecto para crear una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica destinada a universidades públicas, institutos universitarios estatales y establecimientos de educación superior. La iniciativa propone que esas instituciones no paguen más del 50% de la tarifa plena correspondiente a su segmento de consumo.

El texto también prohíbe cortes, suspensiones o reducciones del suministro por falta o demora de pago, e impide aumentos que no estén contemplados en las partidas presupuestarias. Además, prevé un crédito a favor de las instituciones si desde el 1° de febrero de 2024 hubieran pagado por encima de lo que correspondería bajo el régimen diferencial.

Ese proyecto no es idéntico a la discusión sobre Zona Fría, pero se inscribe en el mismo mapa político: tarifas, universidades, ajuste fiscal y desigualdad territorial. Mientras el Gobierno busca focalizar subsidios, las universidades reclaman que la política energética contemple condiciones geográficas y sociales que no pueden ser tratadas como excepciones contables.
 

Financiamiento universitario y Corte Suprema
 

La disputa también tiene un frente judicial. El conflicto por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario quedó en camino a la Corte Suprema después de que la Cámara Contencioso Administrativo Federal concediera el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra una cautelar que ordenaba aplicar la norma.

Esa cautelar obligaba a actualizar salarios docentes y nodocentes y becas estudiantiles. Para el Gobierno, el problema pasa por el impacto fiscal. Para las universidades, se trata de garantizar condiciones mínimas de funcionamiento después de meses de pérdida presupuestaria.

La reforma de Zona Fría agrega presión a ese escenario. Si el Congreso avanza con un recorte o rediseño del régimen, el sur argentino podría enfrentar una doble tensión: menos alivio tarifario para hogares y mayor incertidumbre para instituciones públicas que ya vienen funcionando al límite.
 

El costo político del ajuste territorial
 

El oficialismo presenta la reforma como una corrección técnica de subsidios mal ampliados. Pero en la Patagonia la lectura es otra. Allí, la Zona Fría funciona como una compensación territorial frente a condiciones climáticas más severas y costos de vida más altos. Tocar ese régimen implica intervenir sobre una sensibilidad histórica: la relación entre Nación, provincias, recursos y desigualdad federal.

La discusión llega ahora al Senado, donde el peso de las provincias puede ser decisivo. No se trata solo de definir quién paga menos gas. Se trata de establecer si el ajuste fiscal puede avanzar sin distinguir entre territorios, climas y estructuras sociales profundamente distintas.

En esa disputa, las universidades patagónicas eligieron no quedar como espectadoras. Su advertencia es clara: modificar la Zona Fría en nombre de la eficiencia puede terminar profundizando una desigualdad que el propio régimen buscaba compensar.