sábado 30 de mayo de 2026 - Edición Nº2733

Regional | 30 may 2026

Córdoba: hallan muerta a Agostina Vega y una represión policial desata una crisis política

Tras la confirmación del hallazgo sin vida de Agostina Vega, la Policía de Córdoba reprimió a familiares y vecinos que reclamaban justicia. El operativo generó indignación social y multiplicó los pedidos de renuncia contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.


La provincia de Córdoba atraviesa horas de profunda conmoción luego de que la Justicia confirmara que los restos hallados corresponden a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el pasado 23 de mayo. La noticia provocó un fuerte impacto social y un inmediato reclamo de justicia por parte de familiares, amigos y vecinos.

Sin embargo, el dolor por el crimen quedó rápidamente eclipsado por otro episodio que encendió la polémica. Durante una concentración realizada para exigir respuestas y acompañar a la familia de la víctima, efectivos de la Policía de Córdoba e integrantes de Infantería avanzaron sobre los manifestantes, generando incidentes que fueron registrados por medios locales y difundidos masivamente en redes sociales.
 

La represión a familiares de Agostina Vega agrava el conflicto en Córdoba
 

Las imágenes que comenzaron a circular muestran momentos de tensión entre los uniformados y las personas que participaban de la protesta. Entre los presentes había familiares directos de Agostina, vecinos de la zona, mujeres, jóvenes e incluso niños que acompañaban el reclamo de justicia tras conocerse el trágico desenlace de la búsqueda.

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La intervención policial provocó una inmediata reacción de rechazo. Diversos sectores sociales cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad y consideraron desproporcionada la respuesta frente a una manifestación integrada principalmente por personas atravesadas por el dolor y la angustia.
 

Crecen los pedidos de renuncia contra Juan Pablo Quinteros

 

La repercusión de los hechos trasladó rápidamente el caso al terreno político. Organizaciones sociales, dirigentes opositores y usuarios en redes sociales comenzaron a señalar responsabilidades dentro del Ministerio de Seguridad provincial y apuntaron directamente contra Juan Pablo Quinteros, titular de la cartera.

Los cuestionamientos se centran en la decisión de desplegar un operativo represivo en medio de una protesta vinculada a una víctima de femicidio. A medida que se multiplicaron los videos y testimonios sobre lo ocurrido, también crecieron los reclamos para que el funcionario deje su cargo.

Para numerosos sectores, el Gobierno provincial terminó agravando una situación extremadamente sensible. Lo que inicialmente era un reclamo por el esclarecimiento del crimen pasó a convertirse también en una discusión sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y las decisiones políticas adoptadas durante la jornada.
 

La investigación judicial sigue mientras aumenta la presión social
 

Horas antes de los incidentes, el fiscal Raúl Garzón había brindado una conferencia de prensa en la que confirmó que los restos encontrados correspondían en un 98 por ciento a Agostina Vega, a la espera de los resultados forenses definitivos. Durante su exposición defendió el trabajo realizado por los investigadores y descartó realizar una autocrítica sobre el operativo de búsqueda desplegado desde la desaparición de la adolescente.

"Consideramos que se trabajó de manera correcta desde el inicio de la investigación", sostuvo el fiscal al responder consultas sobre posibles errores durante el procedimiento.

Las declaraciones quedaron bajo una nueva luz tras la difusión de las imágenes de la represión. Mientras desde la fiscalía se respaldaba el trabajo de las fuerzas de seguridad, los videos mostraban enfrentamientos con familiares y vecinos que exigían justicia por la muerte de la menor.

La investigación por el crimen continúa y tiene como principal acusado a Claudio Barrelier, señalado como la última persona que habría mantenido contacto con Agostina antes de su desaparición. No obstante, el caso ya dejó de ser únicamente una causa judicial. La combinación entre el asesinato de la adolescente y la posterior represión policial abrió una crisis política que amenaza con profundizarse en Córdoba, en medio de una creciente presión social que exige respuestas tanto por el crimen como por el accionar de las autoridades provinciales.

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