Glaciares: Misiones recibió fondos antes de darle sus votos al Gobierno

La provincia de Misiones incorporó $13.000 millones de origen nacional pocos días antes de que sus diputados acompañaran en el Congreso la reforma de la Ley de Glaciares, una modificación resistida por organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición por considerar que reduce el alcance de la protección sobre reservas estratégicas de agua dulce.

De acuerdo al detalle del Decreto 500/26, firmado por el gobernador Hugo Passalacqua el 31 de marzo de 2026 y publicado recién el 13 de mayo en el Boletín Oficial de Misiones N.º 16.591. La norma dispuso incorporar esos fondos al presupuesto provincial bajo la figura de aportes no reintegrables vinculados a un “Acta Acuerdo Estado Nacional-Provincia - Ajuste Comp. Cons. Fisc.”.

La operación se vuelve interesante por el dato de la fecha. El decreto fue firmado el 31 de marzo. Ocho días después, el 8 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley 26.639 con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. En esa votación, los siete diputados nacionales por Misiones acompañaron el proyecto.
 

Una cronología que incomoda
 

El aporte no prueba una contraprestación directa entre fondos y votos. Pero la secuencia abre una pregunta difícil para el oficialismo: por qué una provincia que no aparece como protagonista natural de la disputa glaciar recibió una transferencia millonaria de Nación justo antes de que toda su representación parlamentaria respaldara una reforma ambiental clave para el Gobierno.

Los diputados misioneros que votaron a favor fueron Alberto Arrúa, Emmanuel Bianchetti, Maura Gruber, Diego Hartfield, Oscar Herrera, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik. Ese apoyo unificado se integró a la mayoría que permitió aprobar una ley fuertemente discutida por su impacto sobre el régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial.

La reforma fue publicada luego como Ley 27.804 el 24 de abril en el Boletín Oficial de la Nación. Para el Gobierno, el cambio busca ordenar el marco legal y reforzar el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales. Para sus críticos, en cambio, introduce una puerta de salida: permite que ciertos glaciares o geoformas dejen de estar protegidos si la autoridad competente determina que no cumplen funciones hídricas estratégicas.
 

Qué hizo Misiones con los fondos
 

El decreto provincial distribuyó los $13.000 millones en dos partidas. La mayor parte, $11.798.818.687,05, fue destinada a “Aportes a Actividades No Lucrativas / Programas a Implementar”. El resto, $1.201.181.312,95, se asignó a “Aportes a Municipalidades y otros entes comunales”, bajo el concepto de Inversión de Infraestructura Consenso Fiscal.

La misma norma puso esos montos a disposición de la administración provincial. El movimiento presupuestario quedó fechado antes de la sesión en Diputados, aunque su publicación oficial en Misiones llegó semanas más tarde, cuando la reforma ya había sido aprobada y promulgada.

Ese retraso en la publicación también alimenta las sospechas políticas. No transforma automáticamente la transferencia en una maniobra irregular, pero sí vuelve más opaca la trazabilidad pública de una decisión presupuestaria tomada en un momento legislativo de alta tensión.
 

El patrón de las transferencias discrecionales
 

El caso misionero se inserta en una discusión más amplia sobre el uso de fondos nacionales para construir mayorías parlamentarias. Antes de la votación, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales advirtió que entre el 19 y el 20 de marzo el Gobierno nacional asignó $47.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional a once provincias, entre ellas Misiones.

Según esa organización, Misiones habría recibido $5.500 millones en ATN dentro de ese esquema previo al tratamiento de la reforma. También se dispuso un adelanto de coparticipación para doce distritos mediante el Decreto 219/2026.

Después de la sanción, FARN profundizó el señalamiento: sostuvo que la mitad de los votos afirmativos —69 de 137— provinieron de diputados de provincias beneficiadas por transferencias realizadas durante marzo y abril. Además, indicó que entre legisladores en situación de negociación, el 73,3% dio quórum y el 90% votó a favor cuando pertenecían a provincias alcanzadas por esos fondos.

El oficialismo necesitaba votos para aprobar una reforma ambiental de fuerte impacto económico y territorial. Al mismo tiempo, varias provincias recibieron transferencias nacionales en un contexto de tensión fiscal. El Gobierno puede sostener que se trató de asistencia financiera regular. La oposición y las organizaciones ambientales observan, en cambio, una coincidencia demasiado precisa entre caja, negociación y disciplina parlamentaria.
 

Qué cambió con la reforma de Glaciares
 

La Ley 27.804 modificó el régimen de protección de glaciares y ambiente periglacial. El nuevo texto mantiene el reconocimiento de los glaciares como bienes de carácter público, pero introduce un criterio decisivo: la protección queda asociada a que esos cuerpos de hielo o geoformas actúen como reservas estratégicas de recursos hídricos o como proveedores de agua para la recarga de cuencas.

Uno de los puntos más cuestionados es el nuevo artículo 3 bis. Allí se establece que los glaciares incluidos en el Inventario Nacional quedan protegidos hasta que la autoridad competente verifique que no cumplen las funciones hídricas previstas. Si esa autoridad determina, mediante estudios técnico-científicos, que un glaciar o geoforma no cumple esa función, podrá dejar de estar alcanzado por las previsiones específicas de la ley.

La reforma también otorga mayor intervención a las jurisdicciones provinciales. Cada autoridad competente deberá identificar, con base en estudios técnicos, qué glaciares y ambientes periglaciales cumplen funciones hídricas dentro de su territorio. También tendrá participación en las evaluaciones ambientales de actividades proyectadas en esas áreas.

Para los sectores que acompañaron el cambio, se trata de un esquema más preciso, técnico y federal. Para las organizaciones ambientalistas, el riesgo es que la protección deje de ser automática y pase a depender de evaluaciones provinciales potencialmente condicionadas por intereses mineros, fiscales o políticos.
 

Misiones, una pieza fuera del mapa glaciar
 

El voto misionero resulta especialmente llamativo porque la provincia no está en el centro territorial de la discusión sobre glaciares. A diferencia de distritos cordilleranos con intereses directos en minería, agua o proyectos extractivos, Misiones no aparece como una de las jurisdicciones más afectadas por el régimen glaciar.

Esa distancia geográfica vuelve más política su participación en la votación. El acompañamiento de sus siete diputados no puede leerse como una defensa evidente de intereses provinciales ligados al ambiente periglacial. En ese marco, la transferencia de fondos nacionales adquiere otro peso: funciona como un dato que ayuda a reconstruir cómo el Gobierno articuló apoyos más allá de las provincias directamente involucradas en la reforma.
 

La disputa sigue en la Justicia
 

El conflicto no terminó con la sanción de la ley. Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo con más de 850.000 adhesiones para frenar la aplicación de la reforma. El planteo sostiene que el nuevo texto elimina o debilita la protección automática que regía sobre glaciares y ambientes periglaciales desde la ley original de 2010.

La discusión judicial puede convertirse en el próximo capítulo de una disputa que ya excedió el debate técnico. En el centro aparece el vínculo entre minería, agua, federalismo ambiental y poder parlamentario. También queda bajo observación el modo en que el Ejecutivo nacional construyó los votos necesarios para aprobar una norma resistida por buena parte del ambientalismo.

En ese mapa, el decreto de Misiones se convirtió en una pieza dificil de encastrar. No alcanza para demostrar una compra de votos ni una ilegalidad por sí mismo. Pero sí permite observar una secuencia políticamente significativa: fondos nacionales incorporados antes de la sesión, apoyo unificado de los diputados misioneros y publicación provincial varias semanas después.