Weretilneck negó tierras extranjerizadas en Río Negro y pidieron investigar a Barabucci

El gobernador Alberto Weretilneck buscó cerrar la polémica por la venta de más de 14 mil hectáreas en las nacientes del Río Chubut con una respuesta estrictamente registral: según afirmó, en Río Negro “no hay ningún título de propiedad de tierras en manos de sociedades extranjeras”. La frase, sin embargo, deja abierto el punto más delicado de la denuncia: si una operación puede no figurar formalmente como extranjera y, aun así, estar financiada o condicionada por intereses externos.

La controversia gira en torno a la compra de 14.689 hectáreas en zona de frontera por parte del empresario argentino Hugo Alberto Barabucci. Según se conoció en el marco de un juicio por usurpación iniciado por el propio empresario, la operación habría sido realizada con 2 millones de dólares provenientes de una donación de Emiratos Árabes Unidos.

Ese dato es el que llevó a la diputada provincial Magdalena Odarda, de Vamos con Todos, a reclamar que se declare la nulidad de las operaciones inmobiliarias y que la Fiscalía de Estado impulse acciones judiciales para recuperar las tierras. Para la legisladora, el caso podría configurar una maniobra de extranjerización indirecta: no por la nacionalidad del titular formal, sino por el origen del dinero y el posible beneficiario real de la compra.
 

La respuesta formal del gobernador
 

Weretilneck eligió responder desde el plano legal más estrecho. “La ley es clara, tienen que ser sociedades argentinas y en el caso de la provincia de Río Negro, los propietarios de las tierras son sociedades argentinas”, sostuvo. A partir de ese argumento, remarcó que el Estado provincial no tiene detectados títulos de propiedad en manos de sociedades extranjeras.

El razonamiento no es menor. La defensa oficial se apoya en lo que muestran los registros: si el comprador es argentino o si la sociedad titular está constituida en el país, para el gobierno provincial no habría extranjerización en los términos formales de la ley vigente.

Pero esa explicación también funciona como un recorte. Al limitar la discusión a quién aparece como propietario en los papeles, el gobernador evita entrar en el terreno más incómodo: quién financió la compra, con qué finalidad, bajo qué acuerdos y qué grado de control real podría tener un actor extranjero sobre esas hectáreas.
 

La diferencia entre titularidad y control
 

El núcleo político del caso está precisamente en esa distancia entre titularidad formal y control efectivo. Una tierra puede estar inscripta a nombre de una persona argentina y, aun así, formar parte de una operación más compleja si el dinero proviene de un Estado extranjero o si existen compromisos posteriores sobre el uso, destino o administración del territorio.

Esa es la sospecha que intenta instalar la oposición. No se trata únicamente de revisar una escritura, sino de reconstruir la operación completa. En especial porque las hectáreas involucradas se encuentran en una zona de frontera y en un área asociada a recursos hídricos y valor ambiental.

La respuesta de Weretilneck, en ese sentido, parece diseñada para ordenar el conflicto desde una verdad parcial: puede ser cierto que no existan títulos a nombre de sociedades extranjeras y, al mismo tiempo, seguir pendiente la investigación sobre una posible triangulación económica. La legalidad formal no agota necesariamente la discusión sobre soberanía territorial.
 

El antecedente que Weretilneck eligió recordar
 

El gobernador también recordó que Río Negro ya intervino en casos de irregularidades con tierras fiscales. Mencionó la restitución de más de 24 mil hectáreas en la Meseta de Somuncura, aprobada por la Legislatura provincial en 2013, luego de que una comisión investigadora detectara un mecanismo fraudulento de adjudicación.

Ese antecedente le permite a Weretilneck mostrar capacidad institucional para recuperar tierras cuando se comprueba una maniobra ilegal. Sin embargo, el paralelo tiene límites. En Somuncura se trataba de tierras fiscales adjudicadas mediante un procedimiento cuestionado. En el caso Barabucci, la discusión es más sofisticada: apunta a una compraventa que podría haber respetado ciertas formas legales, pero que ahora es observada por el origen de los fondos y por su ubicación estratégica.

La diferencia es clave. Las maniobras más difíciles de detectar no siempre aparecen como una infracción directa en los registros. A veces se ordenan alrededor de estructuras legales que cumplen con la forma, mientras desplazan el debate hacia una zona gris: quién pone el dinero, quién se beneficia y quién termina ejerciendo poder sobre el territorio.
 

La denuncia contra Barabucci
 

La polémica escaló además en el plano judicial. Martín Palumbo, abogado de Soledad Cayunao, integrante de una comunidad mapuche que había sido acusada de usurpar las tierras y luego resultó absuelta, presentó una denuncia por presunto falso testimonio contra Barabucci.

Según el letrado, su defendida fue llevada al banquillo por una persona cuya legitimación para impulsar la acusación debe ser revisada. “Entendemos que estas prácticas inescrupulosas para sentar en el banquillo de los acusados a toda costa a activistas ambientales y comunidades originarias debe tener un coto”, planteó Palumbo.

La denuncia no implica una condena ni prueba por sí misma la existencia de una maniobra ilegal. Pero agrega un elemento central: el mismo juicio que buscaba resolver una acusación por usurpación terminó exponiendo información relevante sobre la compra de las tierras y abrió una discusión mucho más amplia que la causa original.
 

Una discusión que la Provincia no puede cerrar solo con papeles
 

El caso obliga a mirar más allá de la literalidad de los títulos. La pregunta no es únicamente si Río Negro tiene tierras registradas a nombre de sociedades extranjeras. La pregunta más incómoda es si la normativa actual alcanza para detectar operaciones en las que el comprador formal es argentino, pero el financiamiento proviene de un actor estatal extranjero.

Weretilneck intenta sostener una posición institucional defensiva: mientras los registros no muestren sociedades extranjeras como propietarias, la Provincia no reconoce extranjerización. La oposición, en cambio, busca correr el eje hacia el concepto de control real y hacia la posible triangulación de fondos.

Esa diferencia vuelve estratégico el expediente. Si la Justicia avanza, el caso puede transformarse en un precedente sobre cómo se investigan las compras de grandes extensiones de tierra en la Patagonia, especialmente cuando se combinan zonas de frontera, recursos naturales, capital externo y conflictos con comunidades originarias.

El gobernador niega la extranjerización en los registros, aunque no despeja la duda principal: si detrás de una titularidad argentina pudo haberse construido una operación destinada a transferir influencia territorial a intereses extranjeros.