Odarda presentó un proyecto de Ley para anular tierras compradas irregularmente por extranjeros

Por: Luciano Barroso

La legisladora rionegrina, Magdalena Odarda, impulsa un proyecto de ley provincial para anular compras de tierras realizadas por capitales extranjeros bajo presuntas irregularidades. El caso Baguales reabre la disputa por agua pública, incendios, soberanía territorial y el avance de inversiones qataríes en la Patagonia, mientras el Senado debate cambios clave sobre propiedad privada y tierras rurales.

La Patagonia volvió a quedar bajo tensión política, cuando el ex polista Hugo Barabucci, admitió en un juicio contra comunidades mapuches en Bariloche, que había comprado miles de hectareas mediante una donación de 2 millones de dólares provenientes de los Emiratos Arabes. A su vez, también consigo viene el proyecto Baguales, en la cordillera de Río Negro, que a través de la empresa Río Villegas, donde sus dueños son de Qatar y están construyendo tres hisdroelectricas donde la provincia de Río Negro autirizó el uso de agua público para este capital extranjero. 

La ex senadora nacional, Magdalena Odarda, y actual legisladora provincial, es quien avanzó con iniciativas parlamentarias para revisar permisos administrativos y plantear la nulidad de operaciones vinculadas a tierras adquiridas por capitales extranjeros bajo presuntas irregularidades. La dirigente apunta especialmente al entramado empresarial asociado a Baguales y a inversiones vinculadas a Qatar y Emiratos Árabes Unidos en zonas sensibles de la Patagonia.

El conflicto también se superpone con el debate nacional impulsado por el Gobierno Nacional sobre propiedad privada y tierras rurales. Mientras en Río Negro crecen los cuestionamientos por el uso privado de recursos públicos en áreas de alto valor ambiental, en el Senado avanza una reforma que flexibiliza restricciones sobre tierras extranjeras y modifica las limitaciones posteriores a incendios forestales. Ese cruce convirtió a Baguales en un caso testigo de una disputa mucho más profunda.

 

Baguales y el uso privado del agua pública

El eje inicial del conflicto apareció con la Resolución 75/2025 del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro. Mediante esa norma, el organismo autorizó a la firma Río Villegas S.A.U. a utilizar agua pública del arroyo Baguales para abastecer tres centrales hidroeléctricas privadas denominadas CHiBa I, CHiBa II y CHiBa III dentro de tierras vinculadas al emprendimiento.

La autorización incluyó distintos caudales para generación energética y fue otorgada por un plazo de hasta 30 años. El punto que generó el cuestionamiento político, mediatico y social que no fue solamente el aspecto técnico de la obra, sino la forma en que se habilitó una decisión considerada estratégica para la región. Sectores opositores sostienen que un proyecto de semejante impacto ambiental y territorial avanzó por vía administrativa, sin discusión legislativa previa ni debate público amplio.

La controversia se profundizó cuando comenzaron a aparecer vinculaciones entre Río Villegas S.A.U., Baguales Acquisitions S.A. y capitales extranjeros asociados al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre extensiones de tierra en la cordillera rionegrina. Esa conexión alimentó el planteo político de quienes advierten sobre una creciente extranjerización de territorios estratégicos en la Patagonia bajo estructuras empresariales complejas y con omisión de Estado provincial y nacional.

 

El proyecto de Odarda y la disputa territorial

Frente a ese escenario, Magdalena Odarda presentó el Proyecto de Ley 121/2025 para derogar la resolución del DPA y anular el permiso de uso de agua pública otorgado a Río Villegas S.A.U. La legisladora también impulsó pedidos de informes dirigidos al Ejecutivo provincial, al organismo hídrico y a las áreas ambientales para conocer en detalle los antecedentes administrativos y técnicos del expediente.

El planteo de Odarda no se limita al permiso hidroeléctrico. La dirigente busca instalar una discusión más amplia sobre la legalidad y legitimidad de operaciones inmobiliarias vinculadas a capitales extranjeros en zonas de alto valor ambiental. Según el enfoque, el problema no pasa exclusivamente por quién invierte, sino por la capacidad real del Estado para controlar origen de fondos, impacto territorial y concentración de recursos estratégicos.

En ese marco, la legisladora avanzó además con propuestas para que compras de tierras realizadas por extranjeros bajo presuntas irregularidades puedan ser anuladas. El planteo se apoya en cuestionamientos históricos sobre la aplicación de la Ley de Tierras Rurales y sobre el rol que tuvieron distintos organismos provinciales frente al avance de sociedades privadas sobre zonas cordilleranas sensibles. La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa un debate que atraviesa desde hace años a la Patagonia.

 

Incendios, capital extranjero y la nueva ofensiva nacional

La discusión territorial adquirió todavía mayor dimensión después de los incendios registrados en distintos puntos de la Patagonia. En sectores políticos y sociales comenzó a instalarse la sospecha de que algunos procesos de degradación ambiental terminan facilitando operaciones inmobiliarias, cambios de uso del suelo o flexibilización de controles sobre territorios de enorme valor natural y estratégico.

En paralelo, tomó fuerza el concepto de “Patagonia árabe” para describir la expansión de inversiones provenientes de Qatar y Emiratos Árabes Unidos sobre tierras, bosques, centros turísticos, infraestructura y recursos hídricos en la región. El debate volvió a intensificarse luego de publicaciones periodísticas que pusieron el foco sobre presuntas maniobras de adquisición de miles de hectáreas mediante estructuras financieras vinculadas a capitales extranjeros.

El escenario terminó de tensarse con el avance en el Senado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa propone modificar aspectos sensibles de la Ley de Tierras Rurales y de la Ley de Manejo del Fuego. Para sectores críticos, la reforma podría debilitar restricciones sobre tierras extranjeras y reducir protecciones posteriores a incendios, dejando más expuestos territorios estratégicos como los de la cordillera patagónica.

 

La Patagonia como territorio estratégico

El caso Baguales terminó condensando una discusión mucho más profunda sobre soberanía, recursos naturales y control territorial. De un lado aparecen gobiernos y empresas que presentan inversiones privadas como motor de desarrollo, infraestructura y generación energética. Del otro, organizaciones ambientales, comunidades y sectores políticos advierten sobre un proceso creciente de privatización de bienes comunes y debilitamiento de regulaciones estatales.

La Patagonia ocupa un lugar central en esa disputa porque concentra algunos de los recursos más sensibles del país. Agua dulce, bosques, corredores bioceánicos, energía, minerales, acceso estratégico al Atlántico Sur y cercanía con la Antártida forman parte de un tablero que ya no se explica solamente desde la lógica inmobiliaria o turística. La discusión pasó a ser geopolítica y económica.

Por eso, el debate alrededor de Baguales dejó de ser una polémica provincial vinculada a una central hidroeléctrica. El caso empezó a funcionar como símbolo de un interrogante más amplio: hasta dónde el Estado argentino mantiene capacidad real para regular territorios estratégicos frente al avance de capitales privados internacionales. En ese punto, la ofensiva parlamentaria de Magdalena Odarda busca instalar una advertencia política que atraviesa mucho más que a Río Negro.