Río Negro: nuevas denuncias apuntan a presuntas irregularidades en la Legislatura

Una nueva investigación volvió a poner en el centro de la escena política a la Legislatura de Río Negro. El informe difundido en los últimos días señala presuntas irregularidades en la estructura de personal del organismo y reaviva el debate sobre el uso de recursos públicos en la provincia.

La publicación apunta al gobernador Alberto Weretilneck y al jefe del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, en el marco de un supuesto esquema de designaciones y pagos a personas que, según la denuncia, no tendrían funciones claramente asignadas dentro del Estado provincial.

El caso generó impacto político porque aparece en un contexto de fuerte discusión sobre ajuste, gasto público y transparencia. Mientras el discurso oficial insiste en la necesidad de ordenar las cuentas, las denuncias sobre presuntos cargos sin justificación operativa abren un frente incómodo para el oficialismo rionegrino.

Los nombres mencionados en el informe

Entre los casos señalados por la investigación aparecen nombres vinculados a distintos sectores políticos y territoriales de la provincia. Según el informe, los montos percibidos serían los siguientes:

Claudio Aníbal Mozzoni: $2.557.598,48.
Marcos Osvaldo Catalán: $1.638.967,86.
Nelson Miguel Ayenao: $1.077.235,62.
Leandro Miguel Tozzi: $2.487.872,00.
Farid Lord Jorge Sad: $2.499.585,64.

La publicación los vincula con espacios políticos o armados territoriales cercanos al oficialismo provincial. Sin embargo, hasta el momento no hubo una respuesta pública detallada que aclare la función específica de cada designación, el origen de los pagos o la justificación administrativa de esos cargos.

La discusión por el control del gasto

El punto central de la denuncia no es solo la existencia de nombres y montos, sino la falta de claridad sobre las tareas efectivamente realizadas. En tiempos de recorte y restricciones presupuestarias, cualquier sospecha sobre designaciones políticas dentro del Estado adquiere mayor peso público.

La polémica vuelve a instalar una pregunta sensible: cómo se controla la estructura de personal legislativo, qué mecanismos existen para verificar funciones y qué nivel de transparencia tiene el uso de fondos públicos en Río Negro.

Desde sectores opositores reclaman explicaciones, acceso a documentación y auditorías más profundas. El objetivo, aseguran, es determinar si se trata de designaciones justificadas o de un esquema de sostenimiento político con recursos del Estado.

Un frente incómodo para el oficialismo

Por ahora, el oficialismo no ofreció una respuesta exhaustiva sobre las nuevas denuncias. Ese silencio alimenta la tensión política y deja margen para que el caso escale en la agenda provincial.

La Legislatura ya venía bajo observación por cuestionamientos previos vinculados a cargos, contratos y manejo administrativo. Esta nueva investigación suma presión sobre Juntos Somos Río Negro y sobre el propio Weretilneck, en un momento donde la demanda social por transparencia empieza a pesar más en la discusión pública.

El caso todavía requiere documentación, respuestas oficiales y eventuales controles institucionales. Pero el problema político ya está instalado: cuando se habla de ajuste hacia afuera, la sociedad también empieza a mirar hacia adentro del Estado. Y ahí, la Legislatura de Río Negro vuelve a quedar expuesta.