Pensar el 25 de mayo de 2028

Mientras la dirigencia política nacional parece alistarse para la inevitable transición tras el innegable agotamiento práctico y discursivo del experimento autodenominado libertario, el calendario impone una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo. Otrora vaciada de su densidad geopolítica y reducida a un desfile escolar de paraguas y escarapelas, la génesis de 1810 reemerge hoy no como una mera efeméride, sino como un espejo brutal y trágicamente actual de la encrucijada argentina.

Para comprender el marco de conflictividad venidero, conviene desandar aquella falsa homogeneidad del Cabildo. Lo que la historiografía liberal consagró como un grito unánime de libertad escondía, en realidad, la primera gran disputa estructural sobre la inserción del Río de la Plata en el orden global.

Por un lado, el conservadurismo mercantil encarnado por Cornelio Saavedra, comandante del cuerpo de Patricios, cuya ambición se limitaba a desplazar el monopolio español para abrazar el libre comercio con el Imperio Británico; mientras, en la vereda opuesta, se encontraba el jacobinismo rioplatense de Mariano Moreno y Juan José Castelli, quienes vislumbraban que una simple sustitución de cúpulas decantaría, inexorablemente, en un nuevo vasallaje.

En ese sentido, el mítico Plan de Operaciones no operaba como un manifiesto romántico, sino como un descarnado programa geopolítico de defensa: proteccionismo férreo, intervención estatal sobre las fortunas ociosas para apalancar el desarrollo incipiente y una ofensiva continental para evitar la balcanización. El desenlace es historia conocida: la purga, el sospechoso envenenamiento en altamar de Moreno, el silenciamiento mediante enjuiciamiento de Castelli y la posterior consolidación de una matriz agroexportadora crónicamente dependiente.

Doscientos dieciséis años después, la administración que suceda a la gestión de Javier Milei no heredará simplemente un desajuste macroeconómico o una profunda recesión, sino un andamiaje estatal desguazado y reconfigurado bajo los dictámenes de la más obscena injerencia externa.

El “estatuto legal del coloniaje”, matriz conceptual de las corrientes revisionistas, se ha modernizado. La desregulación absoluta y la entrega de resortes estratégicos operaron bajo la misma lógica que el libre comercio exigido por los buques británicos en el siglo XIX, pero adaptado a la voracidad del capitalismo corporativo contemporáneo.

El próximo Estado nacional deberá lidiar de manera inmediata con la balcanización de sus recursos. La enajenación del litio, la minería y los hidrocarburos a corporaciones multinacionales sin exigencia de transferencia tecnológica ni agregado de valor local retrotrae al país a un esquema puramente extractivista. A esto se le suma una claudicación geopolítica sin precedentes, materializada en la subordinación automática a los intereses de Washington, la pasividad cómplice ante la militarización del Atlántico Sur y la Hidrovía por esferas foráneas, y la parálisis planificada de un aparato científico-tecnológico otrora orgullo regional.

El advenimiento del recambio gubernamental pone en cuestión, nuevamente, el dilema fundacional de Mayo. La tentación de la dirigencia tradicional, apremiada por el poder de fuego de los mercados, será ineludiblemente la adopción de una postura saavedrista. Es decir, proponer una normalización institucional, un recambio de modales que “humanice” el daño del ajuste, pero que respete a rajatabla los condicionamientos impuestos por el FMI y el capital transnacional; una administración de la dependencia disfrazada de madurez democrática.

No obstante, la gravedad de la crisis estructural y la hipertrófica presencia de intereses extranjeros sobre el patrimonio nacional exigen una lectura radicalmente distinta. Cuando el país se encuentra subsumido en lógicas de saqueo y desintegración, el gradualismo conservador no oficia de prudencia, sino de prólogo para una nueva y definitiva derrota. El desafío venidero no requerirá de prolijos administradores de la escasez, sino de la exhumación de aquel mandato morenista inconcluso: la comprensión histórica de que, ante la coerción externa y el desmembramiento nacional, la soberanía no se declama ni se negocia, se impone.