El Gobierno de Chubut oficializó este jueves la entrada en vigencia de la Ley XIX N°103, una herramienta legal que habilita al Ejecutivo provincial a requerir el auxilio de fuerzas de seguridad federales para reforzar operativos de prevención del delito en distintos puntos del territorio chubutense.
La norma había sido aprobada por la Legislatura provincial el pasado 7 de mayo y ahora quedó formalmente promulgada tras su publicación en el Boletín Oficial. El esquema permitirá sostener durante un año la continuidad de los llamados “Comandos Unificados”, estructuras de coordinación entre fuerzas provinciales y nacionales que ya venían funcionando en zonas consideradas estratégicas o con mayores índices de conflictividad.
El texto legal establece que el principal objetivo será “garantizar la continuidad operativa” de los dispositivos conjuntos de seguridad y fortalecer tareas preventivas vinculadas al combate del delito. Bajo ese esquema, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut mantendrá la conducción estratégica de los operativos dentro de la jurisdicción provincial.
Al mismo tiempo, las fuerzas federales actuarán bajo el marco de la Ley Nacional de Seguridad Interior y en articulación con las autoridades locales. La ley también habilita al Ejecutivo provincial a firmar convenios complementarios con el Ministerio de Seguridad de la Nación para asegurar financiamiento logístico, equipamiento y sostenimiento operativo de los efectivos desplegados.
Uno de los puntos centrales del articulado es la limitación expresa sobre el uso de las fuerzas nacionales. La norma indica que la intervención tendrá “únicamente fines preventivos” y prohíbe de manera taxativa su utilización para tareas de “disuasión y/o represión de manifestaciones, protestas y movilizaciones públicas”.
Ese apartado fue incorporado como una cláusula clave dentro del debate legislativo y buscó delimitar el alcance operativo de los despliegues interfuerzas en el territorio provincial, en medio de discusiones políticas sobre el rol de las fuerzas federales en conflictos sociales.
La nueva legislación también ratifica la continuidad de la denominada “Mesa de Análisis y Estadísticas”, un órgano técnico encargado de monitorear resultados operativos, indicadores delictivos y desempeño de los operativos conjuntos entre fuerzas provinciales y federales.
Según la ley, ese espacio deberá enviar informes mensuales a la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura de Chubut, con estadísticas desagregadas por localidad y evaluaciones sobre las estrategias implementadas. Además, los datos deberán publicarse en una plataforma oficial del Ministerio de Seguridad para garantizar acceso público a la información.
Por último, el texto legal convalida todas las actuaciones realizadas desde el vencimiento de la normativa anterior hasta la entrada en vigencia de esta nueva autorización, otorgando respaldo jurídico a los operativos y procedimientos desarrollados durante ese período.