Mala praxis en Viedma: avanza la causa por la muerte de una niña

La causa judicial por la muerte de una niña de seis años atendida en el Hospital Zatti de Viedma avanzó hacia una suspensión de juicio a prueba contra la médica pediátrica Norellys María de Rosario Amaya Sosa, imputada por homicidio culposo tras una atención de guardia ocurrida en junio de 2023.

El caso, marcado por el dolor familiar y por cuestionamientos a la atención médica recibida, podría evitar el juicio oral luego de un acuerdo entre las partes. La resolución final será emitida por escrito por el juez Ignacio Gandolfi en los próximos días.

La atención médica que derivó en la causa

Según la acusación, la médica estaba de guardia el 12 de junio de 2023, cuando ingresó al hospital una niña con problemas respiratorios. Un médico generalista había recomendado su internación y la realización de estudios ante la presunción de una neumonía, pero la pediatra otorgó el alta y no dispuso la internación.

La fiscalía sostuvo durante la audiencia que la profesional “desoyó la recomendación de internación” y no ordenó una tomografía computada de tórax, pese a que la paciente presentaba taquicardia y un proceso inflamatorio.

Tras regresar a su casa, la niña sufrió un fuerte desmejoramiento. Sus padres volvieron a llevarla a la guardia, pero el cuadro no pudo ser estabilizado y finalmente murió en el centro de salud.

Una audiencia atravesada por el dolor familiar

La audiencia se realizó en el Anexo del Poder Judicial y fue presidida por el juez Ignacio Gandolfi. Participaron la fiscal Paula De Luque, el abogado querellante Damián Torres, en representación de la familia, y el defensor Oscar Pineda, quien siguió el proceso por Zoom, al igual que la imputada.

El clima estuvo atravesado por la tensión y por el dolor de los padres de la víctima, quienes acompañaron el acuerdo al considerar que una eventual condena no implicaría prisión efectiva y que no querían someterse a un juicio oral donde deberían revivir lo ocurrido.

Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que “la no intervención provocó la muerte” de la niña, mientras que la querella remarcó que existió “un error de diagnóstico” que derivó en una ausencia de tratamiento médico.

Suspensión de juicio a prueba y reparación económica

El acuerdo contempla una suspensión de juicio a prueba con condiciones específicas para la médica imputada. Entre ellas, fijar domicilio en Tierra del Fuego y presentarse una vez por mes ante el Patronato de Liberados de esa provincia.

Además, deberá realizar un curso universitario superior en medicina familiar, cumplir 200 horas de trabajo comunitario y afrontar una reparación económica total de 46 millones de pesos.

De ese monto, 19 millones serán cubiertos por la aseguradora y los 27 millones restantes deberán ser abonados por la propia médica. El esquema de pago prevé un desembolso inicial de 7 millones de pesos y luego diez cuotas mensuales consecutivas de 2 millones.

La médica no será inhabilitada para ejercer

Uno de los puntos que generó mayor repercusión fue que la pediatra no será inhabilitada para ejercer la profesión. Desde la acusación explicaron que la realización del curso universitario fue incorporada como una pauta destinada a evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

El abogado de la querella, Damián Torres, sostuvo que los padres actuaron con “claridad y criterio” al aceptar condiciones específicas que, según planteó, buscan resolver la cuestión de fondo sin avanzar hacia un debate oral que podría resultar emocionalmente devastador para la familia.

Por su parte, la médica tomó la palabra ante el juez y expresó: “Ya sé que no es suficiente y lamento mucho lo que tuvo que transitar la familia. Mi compromiso es para que no vuelva a pasar nunca más”.

Un caso que podría tener nuevos capítulos

Durante la audiencia también se resolvió pedir el sobreseimiento por un segundo hecho vinculado al presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. La fiscal explicó que la evidencia en ese tramo “no tiene la misma fortaleza” que en la acusación principal.

Aunque el acuerdo podría cerrar la instancia penal sin juicio oral, desde la querella aclararon que la suspensión de juicio a prueba no impide eventuales acciones civiles contra el hospital o contra el Ministerio de Salud.

El caso vuelve a poner en discusión la responsabilidad médica, los protocolos de guardia, la organización hospitalaria y los límites entre el error profesional, la omisión y la reparación judicial. En el centro, queda la muerte de una niña y una familia que decidió aceptar una salida penal posible sin renunciar a seguir reclamando por otras vías.