Universidades pidieron a la Corte frenar a Milei

En una nueva demostración de fuerza política y social, la comunidad universitaria volvió a ocupar las calles para reclamar contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la Cuarta Marcha Federal Universitaria, docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y organizaciones gremiales leyeron un duro documento en el que apuntaron contra el Poder Ejecutivo y elevaron un pedido directo a la Corte Suprema de Justicia.

El mensaje fue contundente: las universidades reclamaron que el máximo tribunal no permita que el Gobierno “siga incumpliendo” una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. El planteo llevó el conflicto universitario a una dimensión institucional más profunda: ya no se discute solo presupuesto, sino también el cumplimiento de la ley, la división de poderes y el rol del Estado frente a la educación pública.

 

Una marcha masiva contra el ajuste universitario

La movilización tuvo epicentro en Plaza de Mayo, pero se replicó en distintos puntos del país. Las organizaciones convocantes denunciaron que el sistema universitario atraviesa una situación crítica por la caída de fondos, el deterioro salarial, el congelamiento de becas y la pérdida de condiciones básicas para sostener la enseñanza, la investigación y la extensión.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Para las autoridades universitarias, ese recorte compromete el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio y afecta todas sus funciones centrales.

El documento leído durante la marcha sostuvo que el financiamiento del sistema universitario nacional es “crítico” y atribuyó la causa principal al incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

 

El pedido directo a la Corte Suprema

El reclamo más fuerte estuvo dirigido a la Corte Suprema, que deberá definir el futuro judicial de la ley tras la estrategia del Gobierno para frenar su aplicación. Las universidades pidieron que el máximo tribunal escuche “el clamor de las plazas” y garantice el cumplimiento de la norma.

La frase condensó el sentido político de la jornada: para el sistema universitario, el problema excede la discusión presupuestaria. Cuando un Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, advirtieron, no solo se afecta el financiamiento educativo, sino el contrato democrático que sostiene al Estado de derecho.

Ese punto busca instalar una lectura más amplia del conflicto. La universidad pública se presenta no solo como un área afectada por el ajuste, sino como un límite institucional frente al avance del Poder Ejecutivo sobre leyes aprobadas por el Congreso.

 

Salarios universitarios en mínimos históricos

El documento también puso el foco sobre la situación salarial. Según las cifras expuestas, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló 293,30%, mientras que los salarios universitarios aumentaron 147,30%. Esa diferencia implica una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%.

Las organizaciones señalaron que el deterioro equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período analizado. Además, advirtieron que los sueldos universitarios se ubican en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia y entre los peores del Estado nacional.

El impacto no se limita al ingreso mensual. La pérdida salarial deriva en renuncias de cuadros formados, reducción de dedicaciones, pluriempleo, deterioro de las obras sociales y dificultades crecientes para sostener equipos docentes y de investigación.

 

Becas congeladas y estudiantes en riesgo

Otro punto central del reclamo fue el deterioro de las políticas de acceso, permanencia y graduación. Las universidades denunciaron que becas como Progresar y Manuel Belgrano perdieron capacidad de acompañamiento frente a la inflación, afectando especialmente a estudiantes de sectores populares y carreras estratégicas.

También alertaron por la suspensión o desfinanciamiento de becas vinculadas a vocaciones científicas, una herramienta clave para sostener el ingreso temprano de jóvenes al sistema de investigación.

La lectura del documento fue clara: cuando se reducen becas, salarios y funcionamiento, no solo se ajusta una partida. Se empuja a estudiantes, docentes e investigadores fuera del sistema.

 

El deterioro del funcionamiento universitario

Las partidas destinadas a gastos de funcionamiento tampoco escaparon al deterioro. Según el documento, su poder adquisitivo no superó en ningún mes de la actual gestión el 64% del nivel que tenían en enero de 2023. La tendencia, además, se intensificó y ya representa la pérdida equivalente a casi nueve meses de transferencias.

Ese recorte impacta en cuestiones concretas: mantenimiento edilicio, servicios básicos, laboratorios, insumos, infraestructura, investigación, extensión y condiciones mínimas para dictar clases.

La universidad pública, remarcaron las organizaciones, no se sostiene solo con aulas abiertas. Necesita salarios, becas, investigación, edificios, equipamiento y presupuesto real para cumplir su función social.

 

Una defensa política de la universidad pública

El documento buscó recuperar una idea histórica: la universidad argentina como herramienta de movilidad social, producción de conocimiento y desarrollo nacional. Las organizaciones recordaron que el sistema público universitario permitió formar profesionales, científicos, artistas, técnicos e investigadores de excelencia, y que esa construcción fue el resultado de generaciones.

En ese marco, el ajuste aparece como una amenaza no solo educativa, sino estratégica. Para las universidades, desfinanciar el sistema implica debilitar la capacidad del país para producir conocimiento, agregar valor, sostener industria, formar profesionales y responder a problemas colectivos desde lo público.

La marcha dejó una consigna de fondo: la universidad pública no es un gasto más dentro del presupuesto. Es una de las pocas instituciones argentinas que todavía organiza futuro, movilidad social y soberanía científica.

 

El conflicto entra en una etapa decisiva

Con la Corte Suprema en condiciones de intervenir, el conflicto universitario ingresa en una fase clave. El Gobierno sostiene su estrategia fiscal y resiste la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario. Las universidades, en cambio, buscan transformar la presión social en un límite judicial e institucional.

La pregunta que queda abierta ya no es únicamente cuánto dinero recibirá el sistema universitario. Es qué valor tendrá una ley aprobada por el Congreso si el Ejecutivo puede postergar su cumplimiento.

En esa tensión entre presupuesto, legalidad y calle, la universidad pública volvió a ocupar el centro de la escena política nacional. Y dejó un mensaje directo: sin financiamiento, salarios y becas, no solo se vacían aulas. Se vacía una parte decisiva del futuro argentino.