El dirigente gastronómico y titular de UTHGRA Viedma, Roberto Vargas, manifestó un duro rechazo al proyecto de ley impulsado por la legisladora provincial Magdalena Odarda que busca prohibir los cotos de caza en Río Negro. El referente sindical calificó la iniciativa como “prohibicionista, elitista y desconectada de la realidad social”, advirtiendo que este tipo de medidas legislativas suelen ignorar las dinámicas económicas y culturales del interior profundo de la provincia.
A través de un extenso documento, el gremialista sostuvo que la propuesta de la legisladora de Vamos con Todos repite una lógica de pensamiento que ya ha perjudicado a los sectores populares en el pasado. "Prohibir no es gobernar, prohibir no es cuidar el ambiente y prohibir no es justicia", sentenció Vargas, remarcando que el Estado debería enfocarse en la fiscalización efectiva antes que en la eliminación de actividades que generan sustento para familias rurales.
En su argumentación, Roberto Vargas trazó una comparación directa entre este proyecto y la prohibición de las carreras de galgos ocurrida años atrás. Según el dirigente, aquella medida destruyó uno de los pocos espacios de recreación de las familias más humildes bajo una premisa que no contempló el vínculo real entre el cuidador y el animal. “Un galgo mal cuidado no corre, y eso cualquier galguero lo sabe”, afirmó para defender la disciplina y dedicación que existía detrás de dicha actividad popular.
Para el titular de UTHGRA, la experiencia de los galgos demostró que las prohibiciones generalizadas suelen castigar a la mayoría por los abusos de unos pocos. "La prohibición no defendió al animal: rompió vínculos, destruyó comunidades y volvió invisible a la gente humilde que hacía las cosas bien", enfatizó el dirigente. Bajo esta premisa, advirtió que cerrar los cotos de caza tendría un efecto similar, eliminando empleos y espacios de encuentro social sin resolver los problemas de fondo.
El rechazo de Roberto Vargas también se fundamenta en el rol técnico que cumplen estos establecimientos en las zonas rurales de Río Negro. Sostuvo que, además de generar empleo y fomentar el turismo rural, los cotos de caza funcionan como una herramienta para el control de especies consideradas plagas, como el jabalí y el puma, que causan graves daños productivos. Nadie discute que la actividad debe ser estrictamente regulada, pero lo que rechazamos es la prohibición lisa y llana, indicó el referente.
Asimismo, el dirigente mencionó que la actividad cinegética moviliza economías regionales en localidades alejadas de los grandes centros urbanos de la provincia. Al eliminar estos espacios, se perdería una fuente de ingresos genuina para trabajadores que hoy dependen de los servicios asociados a la caza deportiva. La desaparición de los cotos dejaría al productor rural desprotegido frente al avance de especies depredadoras que afectan al ganado y la seguridad de los pobladores.
Para reforzar su postura, el titular de UTHGRA Viedma citó el caso de España como un ejemplo exitoso de convivencia entre la actividad y el Estado. En el país europeo, la caza es legal y está sometida a un estricto control público que garantiza el equilibrio poblacional de las especies y genera dividendos para las zonas rurales. “La experiencia internacional es clara: la prohibición no soluciona problemas; la regulación sí”, expresó Vargas en su comunicado.
Finalmente, el dirigente gremial pidió que las decisiones legislativas en Río Negro se tomen con "sentido común" y mediante un diálogo real con quienes habitan el territorio. Exigió políticas que protejan el bienestar animal sin destruir el entramado social de los trabajadores rurales. “Sí a la regulación estricta, sí al control ambiental, pero no a las prohibiciones que terminan perjudicando a familias humildes”, concluyó, dejando sentada una firme oposición al avance del proyecto de Magdalena Odarda.