Martín Soria y senadores apuntan a la ANMaC tras las amenazas en escuelas

Un grupo de senadores nacionales presentó un proyecto de ley para restablecer la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y crear un programa específico de prevención de la violencia armada en instituciones educativas. La iniciativa ingresó al Senado el 7 de mayo de 2026, en un contexto marcado por amenazas de tiroteos en escuelas y por el debate sobre la flexibilización del acceso legal a armas de fuego.

El texto propone derogar los decretos 445/2025 y 1081/2024, restituir las funciones institucionales de la ANMaC y poner en marcha herramientas de prevención, capacitación, transparencia estadística y desarme voluntario. La presentación lleva las firmas de los senadores Martín Soria, Adán Bahl, Cristina López, Alicia Kirchner y Carlos Linares.

Restituir la ANMaC y revertir cambios del Gobierno

El primer eje del proyecto apunta a recuperar la estructura institucional de la ANMaC, organismo creado originalmente para regular y controlar materiales sensibles, entre ellos armas de fuego, municiones y explosivos.

La iniciativa plantea que la disolución o debilitamiento de esa agencia implicó un retroceso en materia de control civil sobre armas. Por eso, propone restablecer sus competencias, estructura orgánica y funciones tal como habían sido previstas por la Ley 27.192.

El proyecto también busca derogar el Decreto 1081/2024, señalado en los fundamentos por haber habilitado el acceso a armas desde los 18 años. Según el texto, desde esa modificación 1.191 personas de entre 18 y 20 años fueron dadas de alta como legítimos usuarios, lo que equivale a un promedio de dos jóvenes por día.

Un programa nacional para prevenir violencia armada en escuelas

El segundo eje es la creación del Programa Nacional de Prevención de la Violencia Armada en Instituciones Educativas. La propuesta surge tras la multiplicación de amenazas de tiroteos en escuelas de distintas jurisdicciones, incluidas Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba, Río Negro y Neuquén.

Según los fundamentos, solo en la provincia de Buenos Aires se habrían registrado en los últimos días unas 600 amenazas de este tipo en establecimientos educativos. El proyecto sostiene que no se trata de episodios aislados, sino de un fenómeno que altera la dinámica escolar, afecta la salud mental de los jóvenes y vulnera el derecho básico a aprender en entornos seguros.

Qué medidas propone el proyecto

La iniciativa plantea que la ANMaC, en articulación con el Ministerio de Educación, diseñe capacitaciones y campañas de concientización para escuelas públicas y privadas de todos los niveles.

El proyecto insiste en que la respuesta estatal no puede limitarse a medidas punitivas. Propone un abordaje preventivo, con herramientas para docentes, directivos y comunidades escolares.

Transparencia: datos abiertos sobre armas y violencia

Otro punto relevante es la obligación de publicar información trimestral en formato de datos abiertos. La ANMaC debería informar la cantidad de armas de fuego existentes, usuarios registrados, credenciales vigentes y vencidas, estadísticas de incautaciones, accidentes, suicidios y hechos de violencia con armas.

También se propone relevar resoluciones denegatorias de credenciales por antecedentes de violencia de género o riesgos psiquiátricos.

La lógica del proyecto es clara: sin datos precisos no hay política pública eficiente. La sociedad tiene derecho a saber cuántas armas circulan, quiénes están habilitados y cuál es el impacto real de la violencia armada.

Fortalecer el desarme voluntario hasta 2030

La iniciativa también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2030 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Además, exige garantizar partidas presupuestarias, campañas de difusión y centros de recepción en todas las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El incentivo económico por entregar un arma deberá ser actualizado semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor. El objetivo es que el pago funcione realmente como estímulo y no quede licuado por la inflación.

En los fundamentos, los senadores recuerdan que entre 2020 y 2023 el programa permitió la entrega voluntaria de 7.405 armas de fuego y 100.349 municiones convencionales. También se menciona que durante 2022 y 2023 se destruyeron 34.732 armas, además de municiones y materiales controlados.

Una respuesta política al discurso de “andar armado”

El proyecto tiene una dimensión política explícita. En sus fundamentos cuestiona la orientación del Gobierno nacional en materia de armas y cita como síntesis de esa línea la frase atribuida a la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich: “el que quiera andar armado, que ande armado”.

Desde esa perspectiva, la iniciativa busca contraponer dos modelos. De un lado, una política de flexibilización del acceso y mayor tolerancia hacia la tenencia y portación. Del otro, una estrategia basada en control estatal, reducción del circulante, prevención escolar, datos públicos y desarme.

La escuela como primera línea de alerta

La presentación conecta directamente el debate sobre armas con la crisis reciente de amenazas escolares. Los fundamentos mencionan mensajes masivos del tipo “mañana tiroteo” o “todos van a morir”, que obligaron a activar protocolos de emergencia y generaron temor, ausentismo y alteración de la vida escolar.

El proyecto también advierte que en algunos casos ya se detectaron situaciones de planificación concreta y secuestro de armas en poder de adolescentes. Por eso, plantea que el Estado debe intervenir antes de que la amenaza se convierta en hecho consumado.

La escuela, en esta mirada, no puede quedar sola frente a fenómenos que mezclan violencia digital, salud mental, acceso a armas, discursos de odio y ausencia de políticas preventivas.

Una discusión de seguridad pública

La propuesta no elimina el debate penal ni desconoce la gravedad de las amenazas. Pero desplaza el centro de la discusión: el problema no es solo cómo castigar después, sino cómo prevenir antes.

En un país atravesado por conflictos sociales, discursos violentos y una creciente circulación de amenazas en entornos educativos, el control de armas deja de ser un trámite administrativo. Se vuelve una política de salud pública, seguridad ciudadana y protección de derechos.

El proyecto busca instalar esa discusión en el Congreso: si la respuesta a la violencia armada será más flexibilización y reacción punitiva, o si el Estado reconstruirá una política integral de prevención, registro, desarme y acompañamiento a las comunidades educativas.