Impulsan una pensión reparatoria para víctimas del fentanilo adulterado

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fue escenario de la presentación de un proyecto de ley para crear una pensión graciable, vitalicia y mensual destinada a las personas afectadas por el fentanilo adulterado y a familiares de víctimas fatales. La iniciativa fue impulsada por el diputado Christian Castillo y contó con la participación de familiares de víctimas.

El proyecto, denominado “Pensión Graciable Reparatoria para Víctimas del Fentanilo”, apunta a dar una respuesta económica y asistencial frente a una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años. La propuesta contempla a pacientes que hayan sufrido daños graves, secuelas permanentes o un deterioro significativo en su salud como consecuencia del suministro del medicamento contaminado.

 

Una reparación frente a una tragedia sanitaria

La iniciativa no se limita a una compensación económica. Según la información difundida por la Cámara baja bonaerense, también prevé acceso a cobertura del IOMA y acompañamiento interdisciplinario, con atención médica, psicológica, psiquiátrica, social y de rehabilitación para las víctimas y sus familias.

El punto central del proyecto es reconocer que las consecuencias del fentanilo adulterado no terminaron con la internación ni con el retiro del producto del circuito sanitario. Decenas de personas sobrevivieron con secuelas graves y muchas familias quedaron atravesadas por muertes que aún reclaman justicia y explicación.

 

A quiénes alcanzaría la pensión

El beneficio alcanzaría a personas afectadas directamente por el suministro de fentanilo adulterado y también a familiares de víctimas fatales. En ese grupo se incluye al cónyuge o conviviente, hijos menores de edad, hijos con discapacidad o incapacidad laboral y padres que acrediten dependencia económica.

Para acceder a la pensión, los solicitantes deberían acreditar la relación entre el daño sufrido y el uso del medicamento mediante certificados médicos o de defunción, informes sanitarios o actuaciones judiciales.

Alcance del proyecto	Condición prevista
Pacientes sobrevivientes	Daños graves, secuelas permanentes o deterioro significativo de salud
Familiares de fallecidos	Cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad
Padres de víctimas	Deben acreditar dependencia económica
Documentación	Certificados médicos, defunción, informes sanitarios o actuaciones judiciales

 

Una causa con 114 fallecidos investigados

La presentación se da mientras la causa judicial por el fentanilo contaminado sigue bajo investigación. Según publicaciones que citan pericias del Cuerpo Médico Forense, el opioide contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. dejó hasta el momento 114 fallecidos y decenas de personas con secuelas graves.

En el expediente, el empresario Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, aparece como principal acusado. La investigación del juez federal Ernesto Kreplak lo vincula con pacientes presuntamente fallecidos tras recibir el anestésico contaminado, aunque la defensa del imputado niega responsabilidades y plantea otras hipótesis sobre el origen de la contaminación.

 

La falla estructural detrás del caso

El escrito presentado por los familiares sostiene que no se trató de un episodio aislado, sino de una falla estructural del sistema sanitario y regulatorio. Allí se señalan problemas de trazabilidad, debilidades en los mecanismos de reporte sanitario, fallas de control y ausencia de coordinación en la respuesta ante la crisis.

Ese es el punto más sensible del debate. La pensión reparatoria aparece como una respuesta urgente, pero no reemplaza la necesidad de establecer responsabilidades empresarias, regulatorias y estatales. Si un medicamento contaminado llegó a pacientes internados, el problema excede a un laboratorio: involucra controles, alertas, distribución, trazabilidad y capacidad de reacción del sistema público.

 

Familias que reclaman algo más que dinero

Durante la presentación, familiares de las víctimas relataron sus casos y acompañaron el proyecto. Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala, fallecido tras recibir fentanilo adulterado, sostuvo que la pensión “no alcanza”, pero puede funcionar como una reparación simbólica para familias atravesadas por la vulnerabilidad.

La frase resume el límite de la medida. Una pensión puede ayudar a sobrevivientes y familiares, pero no cierra la herida ni responde por sí sola a la magnitud de la tragedia. La reparación económica solo tendrá sentido si forma parte de una política más amplia: justicia, acompañamiento sanitario, transparencia en la investigación y reformas concretas para que una crisis de esta escala no vuelva a repetirse.

 

Una deuda del Estado con las víctimas

El caso del fentanilo adulterado expuso una cadena de fallas que golpeó a pacientes que estaban bajo cuidado médico y que, en muchos casos, atravesaban cuadros clínicos complejos. La vulnerabilidad de esas personas vuelve todavía más grave el episodio: no se trató de un consumo clandestino ni de un uso irregular, sino de un medicamento administrado dentro del sistema de salud.

Por eso, el reclamo de las familias apunta al Estado en todas sus dimensiones. La reparación no puede quedar reducida a una ayuda económica aislada. Debe incluir cobertura médica, atención psicológica, rehabilitación, acompañamiento social y una investigación que avance sobre todos los responsables.

El proyecto de pensión reparatoria abre un camino institucional. Ahora, la discusión de fondo será si la Legislatura bonaerense transforma ese reclamo en una respuesta concreta y si el sistema político asume que la tragedia del fentanilo adulterado no fue un accidente inevitable, sino una señal extrema de fallas que necesitan corrección urgente.