Lago Escondido: denuncian a funcionarios de Milei por el pacto con Lewis

La ex senadora nacional, Magdalena Odarda, presentó una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que se investigue la conducta de funcionarios del Ministerio del Interior que firmaron un acuerdo conciliatorio con Hidden Lake S.A., la empresa vinculada al magnate británico Joseph “Joe” Lewis. El convenio derivó en el cierre de la acción de lesividad que el propio Estado había impulsado por la compra de unas 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera, en las inmediaciones de Lago Escondido.

La presentación vuelve a colocar bajo la lupa uno de los conflictos más sensibles de la Patagonia: la concentración de tierras estratégicas en manos privadas extranjeras, el acceso público al lago y el rol del Estado frente a operaciones inmobiliarias cuestionadas desde hace décadas.

 

El acuerdo que cerró una causa clave

Según la denuncia, el 14 de enero de 2026 funcionarios del Ministerio del Interior y representantes de Hidden Lake firmaron un acuerdo conciliatorio. Ese pacto fue homologado durante la feria judicial por el juez federal Walter Lara Correa, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, y permitió declarar extinguida la acción de lesividad sin avanzar sobre el fondo del conflicto.

El expediente se volvió especialmente sensible porque la acción había sido iniciada por el Estado nacional en 2023 para pedir la nulidad de las autorizaciones que permitieron la adquisición de las tierras en los años 90. En otras palabras: el propio Estado había reconocido que existían elementos para revisar una compra realizada en una zona protegida por normas de defensa nacional y frontera.

 

Qué pidió Odarda

Odarda solicitó que se requiera al Ministerio del Interior toda la documentación vinculada al convenio: antecedentes, dictámenes, fundamentos administrativos y cualquier actuación que haya motivado la decisión de desistir de la demanda.

También pidió evaluar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, si correspondiera, promover acciones por hechos con eventual relevancia penal. Además, reclamó que se impulse la revisión judicial del acuerdo y de la sentencia que lo homologó, con el objetivo de declarar su nulidad por afectar el orden público y el interés general.

El planteo apunta a una pregunta central: por qué el Estado abandonó una causa que había iniciado para revisar una operación considerada lesiva al interés público.

 

Una compra cuestionada desde los años 90

El origen del conflicto se remonta a la adquisición de tierras en la zona de Lago Escondido durante la década de 1990. La operación fue cuestionada porque involucraba áreas ubicadas en zona de seguridad de frontera, donde rigen restricciones especiales para la propiedad de extranjeros.

En septiembre de 2023, el Ministerio del Interior dictó la Resolución 1603/2023, que declaró lesivas al interés general las autorizaciones otorgadas en 1996. Esa resolución se basó en antecedentes de organismos como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Inspección General de Justicia.

El eje del cuestionamiento fue que las autorizaciones originales habrían sido concedidas sobre información societaria incompleta o irregular. Según el análisis jurídico de la resolución, la operación involucró cambios en la estructura de la sociedad que debían haber sido informados y que podían afectar la validez del permiso otorgado para comprar en una zona estratégica.

 

La zona de frontera, el punto más delicado

El caso no se limita a una disputa inmobiliaria. Lago Escondido se encuentra en una zona de alto valor ambiental, territorial y estratégico. Por eso, la discusión combina acceso público, soberanía, control de fronteras y poder económico.

La acción de lesividad buscaba justamente revisar si el Estado había actuado correctamente al permitir que una empresa vinculada a un ciudadano británico accediera a tierras protegidas por normativa especial. El cierre del expediente, sin una discusión de fondo, deja abierta una señal preocupante: el Estado inicia una demanda por interés público y luego la abandona mediante un acuerdo cuyos detalles permanecieron bajo reserva.

 

La central hidroeléctrica y la sospecha de contraprestación débil

Uno de los puntos más cuestionados del convenio es que Hidden Lake se habría comprometido a finalizar obras de interconexión de la central hidroeléctrica Río Escondido al sistema mayorista. Sin embargo, distintas publicaciones señalaron que esa inversión ya estaba comprometida previamente y que el Estado desistió de la demanda sin recibir una contraprestación adicional significativa.

Ahí aparece el costado más político del caso. Si el acuerdo permitió cerrar una causa por tierras en zona de frontera a cambio de destrabar obras vinculadas a una empresa del propio Lewis, el interrogante es si el Estado defendió realmente el interés público o si terminó validando una situación que venía siendo cuestionada por organismos de control.

 

Un expediente reservado y una decisión en feria

La opacidad es otro elemento central. El expediente quedó bajo carácter reservado, lo que dificultó el acceso público a los detalles del acuerdo. Además, la homologación se produjo durante la feria judicial, pese a que el fiscal Fabián Canda había rechazado la habilitación por considerar que no existía una urgencia real que justificara el trámite extraordinario, según reconstrucciones periodísticas.

Para Odarda, esa combinación —reserva del expediente, acuerdo conciliatorio, cierre de la acción y homologación en feria— exige una investigación administrativa seria sobre la conducta de los funcionarios que intervinieron.

 

Un caso que golpea al Gobierno

La denuncia vuelve a incomodar al Gobierno de Javier Milei, que queda asociado a una decisión favorable a Hidden Lake en un expediente de alta sensibilidad pública. El Ministerio del Interior, bajo la gestión de Diego Santilli, aparece ahora en el centro del reclamo por haber avalado un convenio que permitió cerrar la causa sin resolver el debate de fondo.

El caso también expone una contradicción política: mientras el oficialismo sostiene un discurso de defensa del orden institucional y la seguridad jurídica, una legisladora rionegrina reclama investigar si el propio Estado renunció a defender intereses estratégicos en una zona de frontera.

 

Lago Escondido, otra vez en el centro de la disputa

La denuncia no agota el conflicto. El acceso público a Lago Escondido y la validez de las operaciones alrededor de las tierras de Lewis siguen formando parte de una pelea judicial, política y territorial de larga duración.

Lo que ahora se discute es algo todavía más profundo: si el Estado puede abandonar, mediante un acuerdo reservado, una acción que había iniciado para revisar una compra considerada lesiva al interés general. En una zona de frontera, frente a un lago de dominio público y con una empresa ligada a uno de los magnates más poderosos del Reino Unido, la respuesta no puede quedar encerrada en un expediente reservado.