jueves 23 de abril de 2026 - Edición Nº2696

Nacional | 23 abr 2026

Funcionarios y sociedades offshore

Claudio Stivelman, el funcionario de Salud que figura en sociedades de Panamá

Registros oficiales ubican al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud en dos firmas constituidas en Panamá desde 2002.


El actual titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Claudio Adrián Stivelman, aparece en registros oficiales de Panamá como integrante de al menos dos sociedades constituidas en ese país desde comienzos de los años 2000. La información, surgida del Registro Público panameño, cobra especial relevancia por el cargo que hoy ocupa: está al frente del organismo encargado de regular y controlar el sistema de obras sociales y prepagas en la Argentina.

La existencia de sociedades en esa jurisdicción no implica, por sí sola, una conducta ilegal. Pero cuando el nombre involucrado pertenece a un funcionario con responsabilidades sensibles dentro del Estado, el dato deja de ser meramente registral. La pregunta ya no pasa solamente por la inscripción formal de esas firmas, sino por su función, su posible actividad y el lugar que ocupan dentro del recorrido patrimonial de quien hoy ejerce un cargo público.

Dos firmas, una misma jurisdicción

La primera sociedad detectada es Vinculomedico Inc., constituida el 24 de septiembre de 2002. Según la documentación oficial, fue inscripta con un capital de 10 mil dólares, dividido en 100 acciones de mil dólares cada una, con posibilidad de emisión nominativa o al portador. Dentro de esa estructura, Stivelman figura como tesorero.

Ese detalle no es menor. A comienzos de los 2000, Panamá era una de las plazas más utilizadas para montar sociedades de baja exposición pública, y las acciones al portador formaban parte de los mecanismos más asociados al resguardo de identidad sobre la titularidad real. Aunque años después hubo reformas regulatorias, en aquel momento ese tipo de esquema era habitual.

La conducción de Vinculomedico Inc. se completa con Edgardo Néstor Vázquez como presidente y Daniel Raúl Komar como secretario. El expediente, además, no consigna un representante legal individualizado, un rasgo que encaja con formatos societarios pensados para operar con escasa exposición pública.

La segunda estructura apareció en 2005

Tres años después, la documentación vuelve a mostrar el nombre de Stivelman en otra firma: Emprendimientos Río de la Plata SA, inscripta el 17 de junio de 2005, también en Panamá. El capital declarado vuelve a ser de 10 mil dólares, aunque distribuido en acciones comunes de menor valor nominal. En este caso, el funcionario figura como tesorero y también como director.

La sociedad se completa con Sebastián Diego Altmark como presidente y Daniel Ricardo Altmark como secretario. A diferencia de la firma anterior, aquí sí se establece expresamente que el presidente actúa como representante legal, lo que le da a la estructura una definición jurídica más precisa.

Tomadas por separado, ambas inscripciones podrían leerse como antecedentes societarios aislados. Pero vistas en conjunto muestran una secuencia: mismo país, capitales reducidos y participación de Stivelman en cargos directivos dentro de dos estructuras diferentes. Esa reiteración no prueba una irregularidad, aunque sí vuelve más relevante el examen del cuadro completo.

Los nombres alrededor de Stivelman

Los otros integrantes de esas sociedades exhiben trayectorias vinculadas a sectores como salud, tecnología, consultoría y negocios privados. Edgardo Néstor Vázquez aparece ligado al diseño y gestión de sistemas de salud, con antecedentes en proyectos vinculados a Aetna International, BlueCross BlueShield of Delaware, Milliman & Robertson, además de experiencias en Sanatorio Mater Dei, Provincia Salud y VinculoMedico Argentina SA.

Daniel Raúl Komar, por su parte, muestra un perfil más asociado al mundo tecnológico y corporativo. Pasó por Telecom Argentina, donde ocupó cargos gerenciales relacionados con IT, contratos y planificación estratégica, y también intervino en procesos de expansión empresaria en Brasil.

En la segunda firma aparecen Daniel Altmark, vinculado al estudio Altmark & Brenna en el campo del derecho informático y la consultoría legal, y Sebastián Altmark, asociado a desarrollos de firma electrónica, digitalización documental y negocios inmobiliarios. El conjunto de perfiles muestra una combinación de salud, derecho, tecnología y empresa privada alrededor de ambas estructuras.

Qué vuelve relevante este antecedente

El punto de interés público no es simplemente la existencia de una offshore. Lo que importa es el posible uso que pudo tener, los movimientos que eventualmente pudo canalizar y la manera en que ese historial se articula con la trayectoria de un funcionario actual. Durante décadas, las sociedades radicadas en Panamá quedaron bajo observación internacional por su utilidad para estructurar inversiones, preservar confidencialidad o mover activos fuera del radar público.

En el caso de Stivelman, lo que hoy puede afirmarse es más acotado: la documentación conocida no alcanza para establecer maniobras ilegales ni para determinar actividad económica concreta. No hay, en esos registros, información contable ni detalle de flujos financieros. Pero sí hay un dato verificable: su nombre aparece ligado a dos estructuras offshore activas desde hace más de veinte años. Y, dado el cargo que hoy ocupa, ese antecedente adquiere una dimensión distinta.

Las preguntas que siguen abiertas

Lo que permanece sin respuesta no es menor. Qué actividad tuvieron esas firmas, si administraron activos, si operaron en otras jurisdicciones y de qué modo esos antecedentes dialogan con las exigencias de transparencia de un funcionario público son interrogantes que siguen en pie. También queda abierta la dimensión patrimonial: no solo qué existió, sino cómo fue declarado y bajo qué contexto.

En un escenario donde la transparencia financiera ya no ocupa un lugar secundario, la aparición de estas sociedades suma un nuevo foco de atención sobre el recorrido empresario de Claudio Stivelman. Los registros de Panamá no cierran, por sí solos, una acusación. Pero sí agregan un elemento concreto al historial de uno de los funcionarios que hoy intervienen en un área especialmente sensible del Estado.

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