El gremio de salud ASSPUR denunció un caso de “persecución sindical” por parte del Gobierno de Río Negro, luego de que se conociera la quita de las licencias gremiales de su secretaria general, Cesira Mullally, y de la secretaria gremial, Marisa Albano. Además, el sindicato informó que el Ejecutivo abrió un sumario contra Albano, una medida que calificó como injustificada.
La reacción del gremio fue inmediata. Bajo la consigna “Si tocan a una, nos tocan a todas y todos”, ASSPUR sostuvo que la decisión oficial no solo afecta a sus dirigentes, sino que constituye un avance contra los derechos laborales y sindicales del conjunto de los trabajadores de la salud.
Desde el sindicato afirmaron que la quita de licencias gremiales y el sumario contra una de sus referentes forman parte de un ataque directo contra quienes encabezan reclamos en el sector.
En ese marco, exigieron el cierre urgente e inmediato del sumario contra Marisa Albano y la restitución de las licencias gremiales para ambas dirigentes.
ASSPUR sostuvo que la conducta del Gobierno provincial vulnera derechos protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por la Ley 23.551 de asociaciones sindicales y por los Convenios 87 y 98 de la OIT.
Además, el gremio remarcó que la medida contradice fallos de la Corte Suprema que, según señaló, garantizan la libertad sindical sin distinción y protegen la actividad gremial frente a actos de discriminación o represalia.
Frente a este escenario, ASSPUR convocó a organizaciones sindicales, agrupaciones políticas y trabajadores de la salud a mantenerse en estado de alerta y asamblea permanente.
Con esa definición, el sindicato dejó en claro que el conflicto no se agota en una denuncia pública, sino que podría escalar si no hay una respuesta oficial frente a los reclamos planteados.