La ruta del dinero qatarí se vuelve a pegar a Weretilneck en Río Negro

La política rionegrina volvió a quedar bajo tensión por una trama que mezcla tierras en zona de frontera, fondos millonarios del exterior y una red de vínculos que, según distintas publicaciones, vuelve a rozar al gobernador Alberto Weretilneck. El punto de partida fue la declaración del empresario y expolista Hugo Alberto Barabucci en un juicio en Bariloche, donde afirmó haber comprado cerca de 20 mil hectáreas con una donación de 2 millones de dólares proveniente de Emiratos Árabes Unidos. Pero el caso no quedó ahí: al cruzarse con los chats ya difundidos por LPO sobre Juan Pablo Beacon, Pablo Toviggino y contactos con Qatar, el episodio empezó a leerse como parte de una trama más amplia.

Lo que vuelve especialmente delicado al caso es que no se trata de un terreno cualquiera. La operación quedó asociada a un predio en Cerro Carreras, dentro de un área sensible por su cercanía con la frontera chilena y por su relación con las nacientes del río Chubut. Esa localización activa de inmediato otro plano del debate: el de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que restringe la adquisición de campos por parte de extranjeros en zonas de seguridad de frontera, incluso a través de personas interpuestas.

La confesión que cambió el eje del caso

La declaración de Barabucci se produjo en el juicio contra Soledad Cayunao, una mujer mapuche que terminó absuelta. Sin embargo, lo que terminó dominando la escena no fue la acusación original por usurpación, sino la explicación del propio denunciante sobre el origen del dinero con el que había comprado el campo. Según el testimonio reconstruido en los textos citados, Barabucci dijo haber recibido una donación “del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos” por unos dos millones de dólares para adquirir esas tierras en la Patagonia. También confirmó que el vendedor había sido Marcos Marcelo Mindlin.

Ese punto es el que hizo estallar la dimensión política del expediente. Porque ya no se trataba solo de un litigio por ocupación de tierras, sino de una operación inmobiliaria en una zona sensible, financiada con capitales extranjeros y atravesada por interrogantes sobre controles, titularidad real y legalidad del circuito financiero utilizado.

La ruta del dinero y las sospechas sobre los fondos

Según la documentación y la reconstrucción publicada, los fondos habrían sido transferidos desde el First Gulf Bank de Abu Dhabi hacia una cuenta del JP Morgan en Nueva York, sin pasar por el circuito financiero argentino. Esa ruta es la que alimenta sospechas sobre posibles irregularidades vinculadas a divisas, lavado de dinero o maniobras para eludir controles del sistema local.

A eso se suma otro dato que vuelve más densa la historia: el valor de la operación. El artículo remarca que las tierras fueron compradas por un poco más de 2 millones de dólares, lo que dejaría un promedio muy bajo por hectárea para un activo de alto valor ambiental y estratégico. No prueba nada por sí solo, pero alimenta la sensación de que detrás de la compraventa hay demasiadas zonas grises para tratarse de una operación ordinaria.

El entramado societario que vuelve opaca la propiedad

Uno de los elementos más incómodos del caso es la dificultad para identificar con claridad al verdadero titular de las tierras. En la trama aparecen mencionadas sociedades como Dunia Inmobiliaria, Manzil SA, Estancia Las Marías y el Fideicomiso Amaike, como piezas de una estructura que, según el texto, podría tener como beneficiario final a un empresario emiratí vinculado al círculo del emir de Abu Dhabi.

Ese entramado es el que habilita una de las sospechas más delicadas del caso: si Barabucci actuó o no como una persona interpuesta para facilitar la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en una zona donde la ley impone restricciones. No está probado en el texto como hecho consumado, pero sí aparece como una hipótesis que sobrevuela toda la operatoria.

El vínculo con Weretilneck, Beacon y Toviggino

La dimensión política del caso se amplifica porque LPO ya había difundido antes chats entre Juan Pablo Beacon y Pablo Toviggino en los que se mencionaban contactos de Weretilneck con representantes de Qatar y gestiones vinculadas a proyectos en Bariloche. En ese contexto, el escándalo por la tierra comprada con fondos de Emiratos deja de verse como un episodio aislado y empieza a encajar en una red más amplia de relaciones con capitales árabes y operadores ligados al fútbol y a la política provincial.

Según el artículo, en esos intercambios incluso se aludía a que el propio gobernador habría facilitado nexos institucionales para acercar a Beacon a reuniones con el embajador de Qatar. Esa conexión no demuestra por sí sola vínculo directo con la compra de tierras, pero le agrega al caso un espesor político que agranda las dudas.

El foco sobre el Estado rionegrino

Otro de los puntos que más ruido genera es la aparente ausencia de reacción de organismos provinciales. El texto pone bajo la lupa a la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Tierras y el Registro de la Propiedad Inmueble, al plantear que una operación de esta magnitud en una zona sensible no pudo haberse consolidado sin, al menos, un vacío de control llamativo.

Ahí es donde el caso deja de ser solamente financiero o registral y se vuelve político: la pregunta ya no es solo quién puso la plata, sino cómo el Estado provincial dejó avanzar una operatoria de ese tamaño sin encender alarmas visibles.

Odarda, Lewis y una trama que se expande

La legisladora Magdalena Odarda ya impulsó pedidos de informes y reclamó la intervención del Ministerio Público Fiscal para investigar el origen de los fondos, la legalidad de la compra y la eventual participación de organismos como la UIF. Al mismo tiempo, el caso reactivó otras referencias incómodas para el oficialismo, como la vieja relación política y territorial entre Joe Lewis y Weretilneck, mencionada en el artículo como antecedente de estructuras opacas y conflictos por tierras en la Patagonia.

En ese marco, la historia ya no se limita a un empresario, una donación y una estancia. Lo que empieza a insinuarse es algo más amplio: un modelo de acumulación territorial en zonas estratégicas, financiado con capitales externos, cubierto por figuras jurídicas complejas y envuelto en un silencio oficial que, lejos de calmar, agranda las sospechas.

Un escándalo que todavía no cerró

Más allá de lo que finalmente determinen la Justicia o los organismos de control, el caso ya dejó una marca política. La confesión de Barabucci abrió una puerta incómoda y los antecedentes con Beacon, Toviggino y Qatar hacen que esa puerta no lleve solo a un litigio por tierras, sino a una pregunta mayor sobre quién controla realmente el avance de capitales extranjeros sobre zonas sensibles de la Patagonia. Y, sobre todo, sobre quién mira para otro lado cuando eso ocurre.