Revés para el Gobierno: la Justicia laboral retuvo la causa de la CGT

El Gobierno sumó un nuevo traspié judicial en torno a la reforma laboral. El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, rechazó el pedido de inhibitoria con el que el Ejecutivo buscaba que la causa impulsada por la CGT pasara al fuero Contencioso Administrativo y ratificó que el expediente debe seguir en la Justicia Nacional del Trabajo.

La decisión refuerza la posición del fuero laboral en uno de los expedientes más sensibles para la administración de Javier Milei, que en paralelo ya recurrió a la Corte Suprema con un per saltum para intentar revertir la cautelar que frenó parte de la norma.

Qué resolvió el juez Ojeda sobre la reforma laboral

Ojeda sostuvo que la causa promovida por la CGT está vinculada “principalmente” con aspectos del derecho colectivo e individual del trabajo, por lo que la competencia corresponde a la Justicia laboral. Con ese argumento, descartó el intento de trasladar el expediente al fuero contencioso-administrativo, como pretendía el Ejecutivo.

El magistrado remarcó que en la causa se discuten temas estrictamente laborales, como el ámbito de aplicación de la ley, el trabajo en plataformas, la presunción de laboralidad, el contrato a plazo fijo, el período de prueba, las indemnizaciones, las horas extras, las vacaciones, el derecho de huelga y las negociaciones colectivas, entre otros puntos.

Por qué rechazó llevar la causa al fuero contencioso

El pedido de inhibitoria había sido impulsado desde el fuero Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, Ojeda consideró “inexacto” el argumento de que en esta causa predomina el derecho público. Según sostuvo, la CGT no está cuestionando actos administrativos concretos, sino la constitucionalidad de una reforma integral del régimen laboral y sindical.

Además, el juez señaló que el hecho de que el Estado Nacional sea parte no alcanza, por sí solo, para llevar el caso al contencioso. Citando criterio de la Corte, recordó que para eso debería predominar una relación sustancialmente regida por el derecho administrativo, algo que, a su entender, no ocurre en este expediente.

La cautelar, el per saltum y la ofensiva del Gobierno

La resolución cobra aún más peso porque llega en medio de otra pulseada judicial. En las últimas horas, el Gobierno presentó un per saltum ante la Corte Suprema para pedir que se suspenda la cautelar que dejó frenados 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

A través de la Procuración, el Ejecutivo reclamó que el máximo tribunal declare admisible el recurso, levante la cautelar y revierta la sentencia. Entre sus argumentos, insiste en que el juez que intervino no sería competente y que no existirían los presupuestos necesarios para sostener la causa en esos términos.

La CGT y las CTA endurecen el frente sindical

La causa se originó a partir de una acción presentada por la CGT, que pidió la inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de distintos artículos de la reforma. La central obrera sostiene que la ley afecta derechos de jerarquía constitucional, como la protección del trabajo, la libertad sindical, la progresividad de los derechos sociales y el acceso a la Justicia.

En ese escenario, el expediente también sumó un nuevo componente político y sindical: las dos CTA solicitaron ser incorporadas a la causa por su estrecha vinculación con el planteo original. Con ese movimiento, el frente judicial contra la reforma laboral gana volumen justo cuando el Gobierno busca acelerar una definición en la Corte.

Un fallo que complica la estrategia oficial

La decisión de Ojeda no resuelve el fondo de la pelea, pero sí condiciona la estrategia del Gobierno, que pretendía correr el expediente hacia un terreno judicial que consideraba más favorable. Al ratificar la competencia del fuero laboral, el juez dejó en pie un ámbito históricamente más sensible a los argumentos sindicales y laborales.

Por eso, el fallo representa algo más que un episodio procesal: suma tensión en la disputa por la reforma laboral y confirma que el Gobierno todavía enfrenta obstáculos judiciales serios para ponerla en marcha plenamente.