Propofol y fentanilo: el nuevo caso que reabre la herida de Time Warp

Por: romina liporace

Diez años después, Time Warp sigue funcionando como una herida abierta en la memoria reciente de la noche argentina. La madrugada del 16 de abril de 2016, en Costa Salguero, cinco jóvenes murieron tras asistir al festival y otros participantes debieron ser hospitalizados. Lo que quedó expuesto entonces no fue solamente el consumo de sustancias, sino una cadena de fallas que convirtió una fiesta masiva en una tragedia pública.

Hoy, una década más tarde, el tema vuelve con otro nombre, pero con un fondo inquietantemente parecido. La investigación que se abrió tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, de 29 años, puso bajo la lupa reuniones privadas en las que se habrían consumido propofol y fentanilo, dos drogas de uso hospitalario, en un circuito presuntamente alimentado por desvíos y robos de medicamentos. Más que una postal aislada, el caso volvió a encender una alarma sobre consumos de alto riesgo que permanecen invisibles hasta que aparece una muerte.

El vínculo entre ambos episodios no pasa por equiparar escenas distintas ni por forzar una comparación fácil. Pasa, más bien, por reconocer una matriz que se repite: controles débiles, señales ignoradas y una intervención estatal que suele activarse cuando el daño ya ocurrió. En esa línea, Feminacida planteó en su artículo “De la Time Warp a las ‘Propofest’: El síntoma de un Estado ausente y el debate de la reducción de daños” que entre la tragedia de 2016 y las investigaciones actuales aparece una misma falla estructural: la incapacidad de abordar ciertos consumos desde el cuidado antes de que se transformen en emergencia.

La gravedad del tema no es retórica. El propofol es un sedante anestésico de uso clínico que puede causar depresión respiratoria dependiente de la dosis e incluso apnea; el fentanilo, por su parte, tiene advertencias formales por riesgo de depresión respiratoria grave y potencialmente mortal. Sacados del circuito hospitalario y usados sin monitoreo médico, ambos convierten cualquier situación de consumo en un terreno de riesgo extremo.

Después de Time Warp, la Ciudad de Buenos Aires avanzó con la Ley 5641, que exige en eventos masivos acceso gratuito a hidratación adecuada, asistencia médica y condiciones sanitarias acordes. Fue una respuesta normativa importante, pero no suficiente para cerrar el problema de fondo. Porque la cuestión no termina en la habilitación de una fiesta, sino en algo más incómodo: qué políticas existen para reducir daños, informar, prevenir y detectar a tiempo prácticas que siguen ocurriendo por fuera del radar público.

Ahí es donde la discusión se vuelve más profunda y menos cómoda. Cada vez que un caso como Time Warp o las llamadas “propofest” ocupa titulares, reaparece la misma tensión entre moralismo, negocio y salud pública. Negar que ciertos consumos existen no los elimina; apenas los empuja hacia circuitos más opacos, más desregulados y, muchas veces, más peligrosos. Por eso la discusión sobre reducción de daños no debería quedar atrapada en prejuicios: se trata, en definitiva, de decidir si la respuesta frente al riesgo será la negación o el cuidado.

A diez años de Time Warp, la aparición de nuevas causas vinculadas al uso clandestino de propofol y fentanilo demuestra que el problema no desapareció: cambió de forma. Si en 2016 la tragedia expuso el costo de la desidia en una fiesta electrónica masiva, hoy las investigaciones sobre anestésicos fuera del ámbito médico vuelven a mostrar una zona donde se mezclan consumo, mercado, negligencia y ausencia estatal. La pregunta sigue siendo la misma: cuántas alertas hacen falta para que el cuidado deje de llegar tarde.