Chubut y el fuego: la pista de los fondos que complica a la gestión provincial

La crisis del manejo del fuego en Chubut dejó de ser solamente un problema operativo para convertirse en un frente político de alto voltaje. En medio de la emergencia ígnea, la gestión de Ignacio Torres quedó bajo presión por denuncias sobre presuntas irregularidades, recursos sin ejecutar y decisiones que abren interrogantes sobre el destino de los fondos y la transparencia del sistema.

En ese contexto, el gobernador Ignacio Torres evalúa desplazar a parte de la cúpula de la Secretaría de Bosques de Chubut y del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF). Los nombres señalados son Abel Nievas, secretario de Bosques; Luis Crnkovic, director general de Coordinación y Administración del SPMF; y Alejandra Ramírez, directora de Recursos Humanos y Logística. Según fuentes oficiales, la medida busca descomprimir una situación que ya salió del plano interno y amenaza con escalar hacia investigaciones de mayor profundidad.

Fondos nacionales sin ejecutar

Uno de los puntos más sensibles gira en torno al uso de los fondos nacionales. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Chubut recibió al menos 540 millones de pesos correspondientes a la ley de Bosques, pero esos recursos habrían sido retenidos o subejecutados en lugar de destinarse a prevención, equipamiento y fortalecimiento operativo.

El dato es especialmente delicado porque esos fondos estaban dirigidos a reforzar la capacidad de respuesta frente a incendios forestales en una provincia que, año tras año, enfrenta eventos cada vez más destructivos. La falta de ejecución no solo debilita al sistema, sino que también instala dudas sobre las decisiones políticas que explican ese congelamiento.

Vuelos bajo sospecha y contrataciones millonarias

A ese cuadro se suma el peso del esquema aéreo desplegado durante la última temporada. Empresas como AAXOD y Jasfly participaron de contratos con pisos y techos de horas de vuelo, en un esquema que implicó adjudicaciones millonarias y ampliaciones posteriores. El volumen de esos montos reforzó el peso de la contratación externa dentro del sistema de combate del fuego y puso la lupa sobre la forma en que fueron utilizados los recursos.

Las sospechas, sin embargo, no se limitan al costo. Brigadistas y fuentes periodísticas de la provincia coinciden en señalar que desde la conducción de Bosques se habría favorecido a determinadas empresas para incrementar artificialmente sus horas de vuelo. La lógica detrás de esa denuncia es clara: cuanto más se aproxima una firma al máximo previsto en el contrato, mayor es la facturación final.

Bajo ese esquema, algunas decisiones operativas habrían priorizado el uso de ciertas aeronaves por encima de otras que también estaban disponibles. En paralelo, se mencionan situaciones llamativas: aviones provenientes de Santiago del Estero casi no habrían sido utilizados, y algo similar habría ocurrido con aeronaves con base en Córdoba. De confirmarse, ya no se trataría solo de ineficiencia, sino de un posible direccionamiento de recursos en un contexto donde cada decisión incide de manera directa sobre la capacidad de contener el fuego.

La dispersión de los recursos para la emergencia

Otra de las observaciones más fuertes apunta al reparto de otros fondos enviados por Nación. A través del decreto 80 firmado por Ignacio Torres, la provincia recibió un Aporte del Tesoro Nacional por 7.000 millones de pesos destinado a la emergencia ígnea. Sin embargo, esos recursos fueron redistribuidos en distintas áreas, entre ellas Vialidad provincial, Infraestructura, Seguridad y Justicia, Producción, Desarrollo Humano, la Secretaría General de Gobierno y la propia Secretaría de Bosques.

Esa dispersión alimentó cuestionamientos sobre la trazabilidad, la eficacia y el destino final del dinero. La principal crítica es que parte de los fondos no habría sido direccionada de forma directa al combate operativo del fuego, pese a la magnitud de la emergencia.

El planteo se vuelve todavía más severo con otro dato: en diciembre de 2025, Chubut también había recibido de Nación unos 9.500 millones de pesos por la emergencia ígnea. Desde esa perspectiva, la pregunta que empieza a sobrevolar el caso es inevitable: si la provincia contó con semejante volumen de asistencia, por qué los incendios terminaron arrasando unas 75 mil hectáreas.

Contratos opacos y una donación sin rastros claros

El entramado suma además otro capítulo sensible con la aparición de convenios poco transparentes. Entre ellos, se menciona el caso de Reforestar ONG, que habría aportado un millón de dólares para tareas de reforestación en la provincia.

Hasta el momento, no existe documentación pública clara que detalle el destino de esos fondos, los proyectos concretos financiados ni los resultados obtenidos. Esa falta de información refuerza una crítica central: la ausencia de rendición en áreas especialmente sensibles, vinculadas tanto al ambiente como al uso de recursos extraordinarios.

La responsabilidad política de Ignacio Torres

Con este escenario de fondo, la presión política ya no recae solo sobre funcionarios intermedios. El foco empieza a correrse hacia la responsabilidad del propio Ignacio Torres, no solo por haber designado a los nombres hoy cuestionados, sino también por su rol en la ejecución de los fondos y en el control de las contrataciones.

El cuadro general combina fondos nacionales sin ejecutar, millones de dólares aplicados a un esquema aéreo bajo sospecha, denuncias de favoritismo empresarial y convenios sin control público suficiente. Todo eso ocurre en el marco de incendios que arrasaron miles de hectáreas y dejaron expuestas las debilidades estructurales del sistema de manejo del fuego.

En ese contexto, el eventual recambio en la cúpula de la Secretaría de Bosques de Chubut y del Servicio Provincial de Manejo del Fuego aparece más como una maniobra de contención política que como una solución de fondo. La duda que empieza a instalarse es si esos cambios alcanzarán para cerrar el escándalo o si, por el contrario, abrirán la puerta a investigaciones más profundas sobre el manejo del fuego en Chubut.