Milei desactiva controles del INTI y transfiere la supervisión privados

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una profunda reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al disponer la “cesación de los servicios” vinculados al control de calidad y seguridad de productos en más de mil áreas del entramado productivo nacional. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La medida implica que tareas históricamente realizadas por el organismo —como inspecciones, ensayos, certificaciones y registros— dejarán de ser ejecutadas por el Estado y pasarán a depender de las propias empresas, lo que genera preocupación por posibles conflictos de interés y falta de controles independientes.

Impacto en alimentos, agua y materiales sensibles

El alcance de la resolución abarca 1.004 áreas, incluyendo sectores críticos como alimentos, bebidas, calidad del agua, materiales de construcción, transporte, industria automotriz, electrónica y salud. En el rubro alimenticio, se discontinuarán análisis químicos, fisicoquímicos y microbiológicos clave para detectar contaminantes y garantizar estándares sanitarios.

Entre los controles que dejarán de realizarse se encuentran los vinculados a la detección de patógenos como la salmonella y la escherichia coli, así como evaluaciones sobre envases plásticos y su interacción con alimentos. También quedarán sin supervisión estatal los efluentes industriales y la calidad del agua, aspectos sensibles en términos ambientales y de salud pública.

En el ámbito de la construcción, la seguridad y calidad de los materiales pasarán a depender exclusivamente de los fabricantes, lo que abre interrogantes sobre los estándares técnicos y la prevención de riesgos estructurales.

Argumentos oficiales y críticas a la intervención estatal

Desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la necesidad de revisar el rol del Estado frente a la evolución del sector privado. Según los considerandos de la resolución, los controles públicos podrían generar “distorsiones del mercado” y desalentar la inversión, al tiempo que se promueve una “simplificación” regulatoria.

En esa línea, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida en redes sociales al señalar que el INTI “ofrecía servicios a un precio muy bajo”, lo que —según su visión— implicaba un subsidio indirecto financiado por los contribuyentes. “El servicio era un subsidio a ciertas empresas financiados por todos nosotros”, afirmó.

Transición, continuidad y debate político

La resolución establece que los convenios y contratos vigentes serán respetados hasta su finalización, al tiempo que se implementará un esquema de transición para desactivar progresivamente los servicios. También se prevé la preservación de los registros históricos del organismo, que acumula 69 años de actividad.

El desmantelamiento del INTI se suma a una serie de reformas impulsadas por la administración nacional en línea con su política de desregulación. Sin embargo, la medida ya genera cuestionamientos en distintos sectores, que advierten sobre los riesgos de eliminar controles técnicos independientes en áreas críticas para la seguridad y la salud.

El debate sobre el alcance de esta decisión promete escalar en el plano político e institucional, en un contexto donde la tensión entre eficiencia económica y regulación estatal vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.