En una maniobra que encendió todas las alarmas entre especialistas en geopolítica, diplomáticos y sectores comprometidos con la defensa de la soberanía nacional, se denunció que la empresa Mirgor, controlada por Nicolás "Nicky" Caputo, íntimo amigo y socio histórico de Mauricio Macri, comenzó a operar directamente en la Antártida Argentina para los Estados Unidos que implican a sus fuerzas navales y a la CIA con tareas logísticas y de apoyo.
La información, revelada por La Política Online, apunta a una privatización encubierta de funciones estatales estratégicas y a una creciente influencia de intereses privados en decisiones clave para la defensa y presencia argentina en el continente blanco. Mirgor estaría asumiendo tareas que históricamente fueron prerrogativa exclusiva del Estado, entre ellas el financiamiento de vuelos logísticos, donaciones de equipamiento y vehículos, y cooperación directa con las Fuerzas Armadas.
El ingreso de Mirgor en el esquema antártico se da en un contexto sumamente sensible: la reciente visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey y algunos agentes de los servicios de inteligencia, a Ushuaia para inspeccionar la base naval y avanzar en proyectos conjuntos de defensa. Entre ellos, se baraja la creación de un centro logístico con “proyección antártica”, en una zona donde la presencia militar está expresamente prohibida por el Tratado Antártico, que establece que la región debe ser usada exclusivamente para fines pacíficos y científicos.
La conjunción de una empresa del círculo íntimo del poder, intereses militares extranjeros y un Estado que se corre voluntariamente del ejercicio soberano ha generado alarma. “Este tipo de acuerdos beneficia económicamente a la empresa, fortaleciendo su imagen mientras el Estado queda relegado a un rol dependiente y subordinado”, advierten fuentes diplomáticas.
El rol pasivo de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), que depende de la Cancillería y debería ser el organismo rector de la política antártica, agrava la situación. Las decisiones clave estarían siendo tomadas por las Fuerzas Armadas en coordinación directa con privados como Mirgor, sin ningún tipo de debate parlamentario, sin evaluación ambiental y sin controles democráticos.
Incluso se ha denunciado que el traspaso de bases antárticas desde la DNA al COCOANTAR avanza bajo decretos y resoluciones de dudosa legitimidad, sin discusión pública ni validación técnica. Esto facilita la firma de convenios con empresas privadas, favoreciendo a grupos económicos ligados al poder político actual, en detrimento del interés nacional.
La preocupación no es menor: desde sectores diplomáticos y académicos alertan que se está consolidando una militarización encubierta de la Antártida, contraria al espíritu del Tratado Antártico y que podría generar fricciones regionales, especialmente con Chile, que ya expresó su preocupación por el avance argentino en el sur.
Mirgor, bajo el ropaje de “colaboración logística”, reemplaza al Estado en tareas estratégicas, estableciendo una peligrosa asimetría de poder entre el aparato público debilitado y un sector privado con intereses opacos, pero acceso directo a las Fuerzas Armadas y a los más altos niveles del gobierno.
Esta avanzada en la Antártida consolida una tendencia preocupante: la entrega sistemática de áreas estratégicas a empresas vinculadas a la familia presidencial y sus aliados históricos. Nicky Caputo, considerado por muchos como “el hermano del alma” de Macri, no sólo vuelve al centro de la escena, sino que lo hace con contratos opacos, sin controles ni licitaciones públicas, en uno de los territorios más sensibles para la soberanía argentina.
El Gobierno Nacional, lejos de defender los intereses del país, parece actuar como gestor de negocios para sus amigos, debilitando la institucionalidad y comprometiendo el prestigio internacional de la Argentina en foros como el Sistema del Tratado Antártico.