Tierra del Fuego en crisis: la baja de aranceles del Gobierno a productos importados amenaza más de 4.000 empleos en la industria electrónica

La reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar los aranceles a la importación de celulares y reducir impuestos internos sobre productos electrónicos ha generado una fuerte sacudida en el entramado industrial de Tierra del Fuego. La medida, aún no oficializada por decreto, representa una modificación estructural del régimen de promoción industrial que por más de cinco décadas sostuvo la producción electrónica en la isla, y que hoy se encuentra en jaque.

Empresarios, trabajadores y representantes políticos de la provincia advierten que la medida podría tener un impacto directo en el empleo, con más de 4.000 puestos laborales en riesgo en el sector de ensamblaje de celulares, que representa cerca del 25% del empleo dentro del régimen. A la preocupación laboral se suma el temor a una ola de desinversión, una contracción en la producción y el desmantelamiento de una estructura industrial que costó años consolidar.

El gobernador Gustavo Melella fue uno de los primeros en alzar la voz: calificó la medida como “un golpe muy duro” y advirtió que responde a presiones del FMI, lo que encendió aún más la polémica. “La industria fueguina es empleo, es soberanía y desarrollo tecnológico”, sostuvo, en defensa del régimen que fue extendido hasta 2053 y cuya continuidad ahora entra en debate.

Desde el Gobierno nacional, el portavoz presidencial Manuel Adorni respondió sin rodeos, apuntando al fin de los “privilegios kirchneristas” y afirmando que la medida apunta a “abrir la competencia” y beneficiar al consumidor con productos a precios más accesibles. Sin embargo, desde la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) alertan que esta apertura repentina no permitirá a la industria adaptarse en tiempo y forma a las nuevas condiciones del mercado.

La eliminación progresiva del arancel del 16% a los celulares importados se implementará en dos etapas: una baja inicial de 8 puntos y otros 8 a partir de enero. Paralelamente, se reducirá la carga impositiva sobre los productos nacionales, lo cual podría generar un alivio, pero no suficiente para equilibrar la competencia con productos importados más baratos. Actualmente, la industria fueguina sigue siendo competitiva gracias a los beneficios fiscales, pero el “gap” con los importados se achicó significativamente.

En 2024 se fabricaron en la isla poco más de 5,5 millones de celulares, una cifra baja frente a años anteriores, mientras que en el primer trimestre de 2025 se produjeron cerca de 1,47 millones. La tendencia a la baja ya encendía alarmas en el sector incluso antes de conocerse esta medida.

Uno de los mayores riesgos a mediano plazo es la relocalización de la producción: si ensamblar en Tierra del Fuego deja de ser conveniente para las marcas, muchas podrían optar por importar directamente. De hecho, algunas empresas ya adelantaron que están “leyendo la letra chica” para decidir qué camino tomar.

Desde Fundar, el economista Juan Carlos Hallak explicó que si bien el cambio no implica automáticamente la destrucción del régimen fueguino, sí afectará su estructura: “Va a haber que competir con celulares importados más baratos. El mercado se va a reconfigurar”. Según su estimación, la medida podría provocar una reducción de precios, pero también una sustitución parcial de producción local por importaciones.

A esto se suma un factor crítico: el contrabando. Hoy se estima que uno de cada tres celulares que se venden en Argentina entra de forma ilegal. Si no se refuerza el control aduanero, el nuevo escenario podría profundizar aún más la informalidad y debilitar aún más a la industria legalmente establecida.

En resumen, Tierra del Fuego enfrenta un escenario de incertidumbre profunda. La apertura de importaciones, en nombre de la eficiencia económica y la baja de precios, amenaza con desmantelar una industria que da empleo, sostiene comunidades enteras y representa el único polo tecnológico industrial del país. El resultado inmediato podría traducirse en miles de despidos, menor inversión y una crisis social de escala regional.