Tensión entre el Gobierno y ATE: Milei denuncia a Rodolfo Aguiar tras el Paro General del 10 de abril

La disputa entre el Gobierno Nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a escalar luego de que trascendiera la posible denuncia contra el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, por supuestos delitos de “amenazas, extorsión y coacción” durante el Paro General del pasado 10 de abril. Desde ATE no tardaron en responder y calificaron la movida oficial como un intento de “criminalizar la protesta” y perseguir a dirigentes sindicales.

“Presidente, tiene que saber que los trabajadores no son estúpidos. Suponer que se pueden adherir a una medida de fuerza en contra de su voluntad es subestimarlos”, disparó Aguiar, quien acusó al Ejecutivo de lanzar una campaña de desprestigio contra los gremios que protestan contra las políticas de ajuste. “Lo que intentan es deslegitimar medidas de fuerza que están amparadas por la Constitución Nacional”, sentenció.

La posible denuncia forma parte de un esquema más amplio de acciones judiciales impulsadas desde el Gobierno de Javier Milei. El director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, ya presentó denuncias contra gremios como la UOM, SMATA y UOCRA, entre otros. Según fuentes sindicales, Aguiar podría ser incluido próximamente en esa lista.

Desde ATE consideran que esta ofensiva no es casual. “Buscan ocultar que la adhesión a las huelgas es cada vez mayor. La gente está perdiendo el miedo”, afirmó el dirigente, quien además advirtió que el sindicato está preparado para responder judicialmente ante cualquier acusación.

Un conflicto que no es nuevo

No es la primera vez que Rodolfo Aguiar queda en el centro de la polémica con el Gobierno de Milei. En septiembre de 2024, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, lo denunció por “infundir temor público” durante una huelga de trabajadores de la ANAC, un conflicto que paralizó buena parte de la actividad aérea.

Escenario judicial y sindical caliente

La tensión entre el Ejecutivo y los gremios se produce en un contexto de alta conflictividad social, con crecientes reclamos por salarios, despidos y recortes presupuestarios en el Estado. Lejos de retroceder, ATE advirtió que seguirá adelante con su plan de lucha: “Esperamos que ningún juez ni fiscal le dé entidad a este disparate. Los conflictos sociales no los debe resolver la Justicia, sino el poder político”.

Así, la posibilidad de una denuncia contra Aguiar reaviva el enfrentamiento entre el oficialismo y el movimiento sindical, en medio de una pulseada por el rumbo económico y social del país. La pregunta que queda en el aire es si este cruce se resolverá en los tribunales, en la calle o en el terreno político. Por lo pronto, los gremios ya advierten: la protesta no se detendrá.