

El Gobierno Nacional oficializó una prórroga de 15 días para iniciar el concurso público que dará paso a la privatización de cuatro represas hidroeléctricas clave: Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 263/2025, responde a un pedido conjunto de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Río Negro, Alberto Weretilneck.
“Queremos participar con responsabilidad en un proceso que impactará directamente en el futuro energético de nuestra región”, afirmó Weretilneck, al justificar la solicitud de postergación presentada por ambas provincias.
Según el Ejecutivo Nacional, el objetivo de la prórroga es permitir que “las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados tomen la debida participación en el proceso”. El nuevo plazo comienza a regir a partir de hoy.
El gobernador rionegrino destacó que no se oponen a la participación privada, pero subrayó la necesidad de garantizar una transición ordenada. “Estamos hablando de recursos estratégicos, con implicancia directa en nuestra soberanía energética. No puede haber apuro cuando está en juego algo tan importante”, remarcó Weretilneck.
La prórroga fue bien recibida por ambos gobiernos patagónicos, que habían solicitado más tiempo para revisar los detalles técnicos del proceso y aportar observaciones. Las represas se encuentran en la cuenca del Comahue, una región clave para el sistema energético argentino.
Las centrales fueron transferidas a nuevas sociedades por ENARSA y NASA a través del Decreto 718/2024, mientras que el Decreto 895/2024 introdujo modificaciones al cronograma y sumó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como entidad coordinadora.
La privatización de las represas se enmarca en el plan de desregulación del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, que busca reducir el déficit fiscal mediante la venta de activos públicos.
Desde Río Negro y Neuquén aseguran que acompañarán el proceso, pero con un claro pedido: tener voz y voto. “No estamos para oponernos por oponernos, sino para garantizar que las decisiones se tomen con una visión federal y responsable”, sostuvo Weretilneck.
El proceso de licitación será definido por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que fijará las condiciones de venta, los criterios de adjudicación y los compromisos que deberán asumir los futuros inversores, tanto nacionales como internacionales.