El Gobierno evitó responder sobre el contrato de antenas Starlink y delegó la responsabilidad en Altec

El Gobierno provincial de Río Negro volvió a evadir respuestas sobre un contrato público de alto impacto. Esta vez, se trata del acuerdo entre la firma estatal Altec y la empresa italiana Telespazio, proveedor de antenas de internet satelital de Starlink, la compañía de Elon Musk.

El convenio, anunciado en agosto del año pasado, forma parte del Plan de Conectividad Provincial, destinado a brindar internet a escuelas rurales y parajes alejados. Sin embargo, a más de medio año de su presentación, persisten las dudas sobre su contenido, costos y mecanismos de contratación.

Pedido de informes sin respuestas

En 2023, legisladores del bloque Vamos con Todos presentaron un primer pedido de informes. Altec respondió de manera parcial: reconoció haber consultado a cuatro empresas y haber adjudicado el contrato a Telespazio por la "mejor oferta económica", sin precisar valores de las propuestas ni el monto total del acuerdo.

Telespazio, según esa respuesta, ya prestaba servicios y ofreció bonificada la migración tecnológica, aunque los detalles quedaron en la nebulosa.

En febrero, los legisladores Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, aliados de Aníbal Tortoriello, reactivaron el reclamo con un nuevo pedido de informes. Esta vez, solicitaron información más exhaustiva: el contenido del contrato, costos y financiamiento, la implementación, el alcance del plan y quiénes fueron los responsables de la decisión.

La respuesta oficial fue una negativa: el secretario de Gobierno Agustín Ríos firmó un escueto despacho en el que indicó que el Gobierno no posee ese convenio y derivó la responsabilidad a Altec, que aún no contestó.

Camino judicial

Ante la falta de respuestas, los legisladores evalúan acudir al Poder Judicial, siguiendo el camino ya tomado por el legislador José Luis Berros, quien presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) bajo el nuevo Código Procesal Constitucional, que garantiza el acceso a la información pública.

El objetivo sería forzar a Altec —y eventualmente al Gobierno— a entregar la documentación del acuerdo que involucra servicios esenciales para comunidades aisladas y fondos públicos.

Este caso recuerda a la controversia del contrato de la consultora Dienst, por el cual el Ejecutivo también se desentendió del pedido de informes, lo que ya generó cuestionamientos sobre la transparencia en las contrataciones públicas.