YPF a través del Gobierno destina 335 millones de dólares en Santa Cruz para asegurarse los votos en favor de Lijo y Mansilla en el Senado

Un día antes de la sesión del Senado, el presidente de YPF, Horacio Marín, firmó un acuerdo con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, por 335 millones de dólares para obras en la provincia. A cambio, los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano garantizarían su apoyo a los pliegos de Ariel Lijo y García Mansilla, propuestos por Javier Milei para integrar la Corte Suprema.

El acto de firma del memorándum de entendimiento se llevó a cabo en la Casa de Santa Cruz en Capital Federal, con la presencia de Vidal y Gadano, quien se mostró sonriente en el evento. Con este acuerdo, la Casa Rosada busca consolidar su control sobre el Senado en una votación clave, similar a lo ocurrido en febrero, cuando la sesión preparatoria fracasó por la falta de medidas compensatorias ante la crisis de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Este movimiento refuerza la idea de que YPF es utilizada como una herramienta política por el gobierno libertario, que, lejos de operar bajo una lógica de mercado, la emplea para asegurar apoyos en el Congreso. Esta situación también podría debilitar la defensa de Argentina en el juicio que enfrenta en Nueva York por la expropiación de YPF, donde el fondo Burford y los Eskenazi reclaman una compensación de más de 16 mil millones de dólares.

Durante el anuncio, Vidal relacionó la firma del acuerdo con la gesta de Malvinas y detalló el destino de los fondos: "Con los 200 millones de dólares vamos a reactivar la obra pública con un programa de infraestructura provincial". Además, indicó que los 135 millones restantes serán utilizados para cubrir el déficit de la Caja de Servicios Sociales y mejorar los salarios de los trabajadores pasivos.

Por su parte, Marín respondió con un comentario que dejó entrever cierta ironía: "Tengo muchas negociaciones en mi vida, pero usted es uno de los mejores con los que me tocó negociar".

La jugada del Gobierno no solo plantea dudas sobre la independencia de YPF, sino que también expone el costo político y financiero de asegurar la aprobación de los jueces designados por el oficialismo.