

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa creada en 1798 durante una época de guerra, lo que significa que tiene 227 años de antigüedad. Esta controvertida ley otorga a los jefes de Estado la potestad de detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que su nación esté en guerra. Por lo tanto, podría intentar usarse ahora para expulsar a personas provenientes de países con los que Estados Unidos tenga conflictos vigentes.
Hasta el momento, Trump no se ha referido a esta normativa de manera formal, sino solo en entrevistas y discursos. La ley fue utilizada por James Madison durante la Guerra de 1812, por Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial y por Franklin Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para internar a 31.000 extranjeros japoneses, alemanes e italianos que las autoridades consideraban potencialmente peligrosos.
Si Trump decide reactivarla, se eliminaría el proceso legal y las apelaciones a las que pueden recurrir los inmigrantes, reduciendo los tiempos y autorizando deportaciones más rápidas y de un gran número de personas. Según las últimas cifras del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos. México representa más de la mitad de ese número, mientras que Centroamérica reúne el 15%.
Trump enfrentaría varios obstáculos si decide poner en marcha esta ley. Estados Unidos no se encuentra en una guerra abierta con ningún país, y la administración de Trump tendría que demostrar que la inmigración representa una “invasión” extranjera hostil. La ley de Enemigos Extranjeros especifica que una “invasión o incursión depredadora” debe ser llevada a cabo por una “nación o gobierno extranjero” para que pueda invocarse.
Además, vivir en Estados Unidos sin la documentación pertinente no es un delito penal, sino una violación de la ley civil administrativa del gobierno federal. Trump ya recurrió a una antigua ley contra la inmigración durante su primer mandato. Fue en la época de la pandemia del Covid-19 cuando aplicó el Título 42, una vieja ley de salud pública que le permitió cerrar las fronteras y deportar a los inmigrantes que cruzaban ilegalmente.